Jesús Gil declara por conceder 28 licencias de obra en zonas públicas

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, declaró ayer ante el juzgado número 3 como imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la concesión de 28 licencias de obra en zonas públicas. Gil, que se negó a hacer declaraciones sobre su comparecencia, admitió ante la juez conocer algunos de estos proyectos, pese a no asistir a las comisiones de gobierno que autorizaron las obras. La acusación popular opina que el alcalde intenta, con sus ausencias en los órganos municipales, eludir sus responsabilidades.

"Jesús Gil se da de baja en vuestra nómina, no quiero nada con vosotros", dijo a los periodistas el alcalde marbellí tras su comparecencia ante el juzgado. El regidor anunció que el Ayuntamiento sólo hará declaraciones a través de los medios afines al gobierno municipal, "que entiendan lo que tienen que publicar". "De momento, ayuno", manifestó el alcalde.Gil culpó a los medios de comunicación de tratar de crear "una situación de crisis, de psicosis" con el tema urbanístico que desarrolla el municipio, cuando "en Marbella no hay nada de eso". "Se está vendiendo todo, todo está perfectamente y todo está muy bien, no me voy a prestar a vuestro juego", agregó.

El letrado de la acusación popular, José Carlos Aguilera, recordó que las licencias de obras denunciadas afectan a zonas verdes y de equipamientos deportivos y escolares. Aguilera señaló que Gil repitió ante la juez su tesis de que el planeamiento urbanístico de 1986 no está vigente y que él no autorizó ninguna obra, "aunque admitió estar al tanto de los convenios urbanísticos". "Es una forma de eludir la responsabilidad, que la culpa la pague otro, no asistiendo a las comisiones de gobierno", indicó Aguilera.

La acusación incorpora a estas diligencias los informes de los técnicos municipales, "en los que se manifiesta que estas obras son contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente y que no procede concederles licencias", según Aguilera. El letrado sostiene que la comisión de gobierno ignoró "estos informes claros y concluyentes para conceder estas licencias". "Esto es un delito contra la ordenación del territorio", subrayó el letrado.

Petición de paralización

Aguilera dijo que pedirá la paralización de estas obras cuando la investigación llegue a la conclusión de que son contrarias al plan vigente. El juzgado número 7 acordó el lunes la paralización de la construcción de un edificio de 13 plantas, que supera en más de tres veces la altura permitida en el PGOU y que ocupa una zona verde.En este caso el juez no encontró razones para incriminar a Gil, al no participar el edil en la comisión de gobierno que concedió esta licencia. Sin embargo, la fiscalía considera prematuro exculpar al alcalde y pidió que se revoque el sobreseimiento parcial de Gil.

Por otra parte, el diputado del PP Damián Caneda denunció ayer que los ayuntamientos de Marbella y Estepona -gobernados por el GIL- deben a la Seguridad Social el 27% de la deuda que tienen por este concepto todos los consistorios españoles, a pesar de representar sólo el 0,3% de la población del país. Caneda cifró en más de 14.000 millones de pesetas la deuda de estos municipios. Sólo el de Marbella adeuda más de 9.796 millones.

El diputado popular acusó a estos dos ayuntamientos de no negociar el aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social. Caneda indicó que el Gobierno "intentará resolver esta situación" y que si ese acuerdo no llega, "se tendrán que tomar medidas".

"Si se recalifican zonas verdes no pagando a la Seguridad Social, habría que preguntarse si eso es una buena gestión", señaló el diputado del PP, que culpó al gobierno municipal de dejar a Marbella en una situación mucho peor que la heredada del PSOE, "que endeudó el futuro". La presidenta del PP local, Ángeles Muñoz, afirmó que el gobierno de Jesús Gil aumentó en un 82% el Impuesto de Bienes Inmuebles, un 500% el servicio de basuras y un 300% la tarifa del agua.