El PP rechaza la propuesta socialista de liberalizar el sector farmacéutico

Parecía el mundo del revés. El Gobierno regional del PP, al que se le supone liberal, rechazó ayer en el pleno de la Asamblea una propuesta del diputado socialista Lucas Fernández, teórico defensor del intervencionismo, para suprimir la regulación de la Administración en el sector de la farmacia. Mariano Gamo, de IU, tampoco tuvo suerte con su idea -ésta más previsible- de crear una red pública de farmacias.

La consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Rosa Posada, agradeció el esfuerzo del diputado de IU, al que felicitó por su "coherencia". No le sirvió de nada, desde luego, porque el PP aprovechó su mayoría para tirar por tierra la enmienda a la totalidad que Gamo planteaba al proyecto de ley de farmacias que ha desarrollado el PP. El parlamentario de izquierdas defendía la creación de farmacias públicas en cada centro de salud, de forma que se generaran puestos de trabajo y los beneficios revirtieran a la Administración. Este sistema, a juicio de Gamo, terminaría traduciéndose en un abaratamiento de las medicinas.Más sorprendente a primera vista resultó el posicionamiento del portavoz sanitario del PSOE, Lucas Fernández. A su entender, el sector farmacéutico "no quiere ser tutelado, protegido ni regulado", por lo que la Administración bien podría liberalizarlo, con la sola condición de que se garantizase el abastecimiento de fármacos en todo el territorio madrileño. ¿Una concesión al libre mercado? "La situación actual proviene de una ley de 1941. A ver si es que fue Franco el que nos pasó por la izquierda", ironizó el diputado socialista. Su tesis: en este tema existe "mucha hipocresía social", porque también los sanatorios privados se instalan donde consideran más conveniente y nadie eleva la voz por ello.

La consejera del ramo alabó el proyecto de ley gubernamental por lo que supone de "amplificación de los horarios y una planificación que facilita nuevas aperturas de establecimientos farmacéuticos". La ley que piensa aprobar el PP contempla una botica por cada 2.800 habitantes (la media está ahora en una por cada 4.000) y conserva -por "respeto a nuestra cultura", dijo Posada- la transmisión directa de establecimientos "a herederos en primer grado". Éstos fueron otros aspectos abordados ayer en el pleno:

Operación Chamartín. El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechó una pregunta de su grupo para proclamar que este proyecto "sólo encuentra parangón en Europa con la prolongación de los Campos Elíseos desde el Arco del Triunfo, en París". Ruiz-Gallardón se comprometió a "impulsar" la operación. Fernando Abad (PSOE) adujo: "Al margen del lucimiento con la oratoria, la paralización del proyecto es absoluta. Sin inversión pública, ni Chamartín ni la Operación Campamento saldrán adelante".

Universidad Camilo José Cela. El diputado de IU Jaime Ruiz defendió una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la creación de este campus privado. "Su oferta se basa en una Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación, y eso no es suficiente para alcanzar rango universitario". Y razonó: "Cualquier centro adscrito puede asumir esas funciones". Izquierda Unida se quedó sola en este punto: el PP votó no y el PSOE se abstuvo.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno acordó ayer recuperar la concesión del tren de Arganda, que Ferrocarril del Tajuña, SA, tenía hasta el 2029, a cambio de 2.186 millones de pesetas. El actual trazado se aprovechará para construir el último tramo del metro a Arganda. También se acordó la mejora de urgencia de la M-506 entre Pinto y San Martín de la Vega, un tramo en el que fallecieron nueve personas en 1997.