El PSPV de Orihuela reclama por octava vez una investigación sobre Cartagena y Medina

¿A la octava va la vencida? El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Orihuela anunció ayer que en el próximo pleno de la institución planteará la creación de una comisión especial para investigar la gestión del ex alcalde Luis Fernando Cartagena, y del actual, José Manuel Medina, ambos del PP. En intentos anteriores, la propuesta fue rechazada ante la abrumadora mayoría de que disponían los populares, con 17 de 25 concejales. Pero la expulsión del PP de cinco ediles críticos deja al partido en minoría frente a la oposición, lo que hace abrigar esperanzas al PSPV.

El portavoz socialista, José Francisco Lorente, señaló que ante las acusaciones de corrupción vertidas por los concejales críticos contra sus dirigentes en una revista, su partido está obligado de poner el caso en manos de la fiscalía anticorrupción, y a proponer de nuevo la comisión de investigación. "Las acusaciones que venimos leyendo son muy graves, relatan presuntos delitos que pueden ir desde el robo al cohecho e incluso los denunciantes se autoinculpan como recaudadores de fondos para la campaña electoral del PP en 1995", declaró Lorente. Aludiendo a esas acusaciones de supuestas corruptelas entre integrantes del PP oriolano, el portavoz del PSPV señaló que "la dinámica que últimamente se está generando aconseja adoptar medidas de carácter excepcional", entre las que incluyó la investigación. "Hemos pedido ya en siete ocasiones crear esa comisión, que siempre ha sido denegada, aunque esperamos que ahora, por fin, podamos conseguir el apoyo suficiente", afirmó Lorente. El portavoz de los ediles críticos, Jesús Ferrández, contestó a la propuesta ayer mismo y declaró que el Grupo Mixto, en el que se han integrado los expulsados, está dispuesto a apoyar cualquier moción para investigar a Cartagena y Medina. El edil matizó, sin embargo, que sólo lo harán "si la propuesta es seria", ya que en anteriores ocasiones, en su opinión, las peticiones socialistas no eran claras en su pretensión. Así, la fuerte crisis que aqueja desde principios de año al equipo de gobierno del PP y que arrancó con el enfrentamiento entre los cinco concejales expulsados y el alcalde, José Manuel Medina, está lejos de resolverse. El enfrentamiento ha dado lugar a contínuas acusaciones de presuntas corruptelas, que se remontan a los tiempos del ex alcalde y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena y alcanzó su punto álgido en el pleno de septiembre en el que los ediles críticos unieron sus votos al PSPV y EU para aprobar una moción de apoyo a la Universidad de Alicante. Este apoyo motivó su fulminante expulsión del PP. "Despecho" Por su parte, el alcalde, José Manuel Medina, reunió ayer a los medios informativos para leer una declaración pública en la que limita la polémica a una actitud de "odio, despecho y resentimiento" de los concejales expulsados. "Los insistentes rumores a mi alrededor de corrupciones, chantajes y corruptelas me obligaron a separarlo de su responsabilidad al frente de la concejalía de Urbanismo", explicó Medina, que añadió que la falta de pruebas contundentes contra el edil le impidió ir a los tribunales. "Alimentados por el odio ciego", según recalcó Medina, los ediles expulsados "no han perdido ocasión" de atacar la imagen "del alcalde, del partido y de Orihuela" con "despropósitos carentes de rigor". Las declaraciones de Ferrández a la revista El Siglo, en las que confiesa haber recaudado personalmente 68 millones de pesetas entre diversas empresas para la campaña del PP en 1995, encierran para el alcalde "la confirmación de los rumores de extorsión y chantaje". "Ahora estoy en disposición de ponerlo en conocimiento de los tribunales de justicia", aseveró. El portavoz de EU, José Martínez Carmona, también valoró la situación, y pidió la dimisión inmediata de "todos los protagonistas de este asunto, sin olvidar a Jesús Ferrández". Carmona solicitó una intervención "inmediata" de la fiscalía anticorrupción "para que aflore a la luz pública el contenido de las cloacas del PP oriolano y limpiar la vida democrática municipal". Paralelamente, EU reclama una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento, el PP y las empresas que figuran en el listado de clientes municipales, así como la suspensión cautela del secretario general del Consistorio y la investigación a fondo de sus intervenciones en materia urbanística.