Camps justifica la batalla judicial por Orihuela para reforzar el autogobierno

Las batallas judiciales entre el Consell y la Universidad de Alicante ante el Tribunal Superior de Justicia, tanto por la cesión del Obispado del viejo colegio de Santo Domingo a la institución alicantina, como por la segregación de facultades a Alicante para transferirlas a la recién creada Universidad de Elche, son -a juicio del consejero de Educación, Francisco Camps- gestos legítimos "en defensa del fortalecimiento del autogobierno y de la autonomía política del Consell".

El responsable autonómico de Educación rebatió ayer, una a una, todas las preguntas parlamentarias de la oposición que sugieren que la Administración del PP tiene un trato diferencial con la Universidad Miguel Hernández de Elche, en franca discriminación con el equipo de Gobierno de la Universidad de Alicante, que dirige Andrés Pedreño. Camps apeló al "consenso hasta el extremo" al que ha llegado con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas, tanto en materia de implantación de nuevas titulaciones como en la elaboración del Libro blanco del sistema público universitario, que después de diez meses de trabajo entre los técnicos de las universidades, los equipos económicos y la Administración, anunció, está a punto de ver la luz. Pero donde más énfasis puso el consejero fue en desdibujar el clima de sospechas que se cierne sobre cualquier actuación del Consell en torno a la universidad creada por el PP al calor de una intensa polémica. En referencia a la pregunta formulada por el diputado socialista Manuel Rodríguez Macià sobre la reciente sentencia del TSJ, que se inclina en favor del Consell y considera que ha lugar para la suspensión cautelar del convenio suscrito entre el Obispado y la Universidad de Alicante que impedirá implantar este curso dos nuevas titulaciones en el antiguo Colegio de Santo Domingo, Francisco Camps, respondió tajante que "el convenio no fue solictado con antelación al Gobierno Valenciano como corresponde, por eso se pidió la suspensión cautelar". Camps apeló entonces "al punto de vista de la legítima defensa de la competencia política e institucional en materia universitaria, que en estos momentos la ley deposita estrictamente en el Gobierno Valenciano", dijo. "En aras de la defensa de la autonomía política del Gobierno Valenciano, hemos actuado", precisó, no sin antes añadir que la comarca de La Vega Baja necesita de la colaboración de todos para la construcción de un espacio universitario, que dejó meridianamente claro, de momento pasa por la Universidad de Elche, donde el Consell está construyendo dos nuevas facultades. El consejero basó toda su comparencia en la defensa lineal de su proyecto de construcción del sistema universitario público valenciano. Pero, al final, la insinuación de la portavoz de Esquerra Unida, Glòria Marcos, sobre el posible efecto electoralista de la publicación del Libro blanco, simplemente le exasperó. "Me parece terrible que en algo tan significativo y sin conocer el proyecto, usted ya haya quemado las naves", protestó. La tesis de Marcos apunta que el Libro blanco es una cortina de humo para ocultar lo que en el fondo está en juego: "La descapitalización del sistema educativo público, en favor del privado".