La Generalitat creará un "centro de urgencias" para atender a los jóvenes magrebíes ilegales

La Generalitat anunció ayer que en el plazo de cinco meses funcionará en Barcelona un servicio de urgencias que atenderá a los niños magrebíes que identifique la policía y que se encuentren en Cataluña en situación ilegal y desamparados. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, anunció también que se modificará la Ley de Protección de Menores para poder retener a estos jóvenes y que solicitará la creación de una unidad especial de la policía adscrita a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAI) para que, si se acuerda, asuma el traslado de estos chicos a otros centros de la Generalitat.

Casi dos semanas después de iniciarse la polémica por la existencia de unos 200 menores magrebíes que viven en las calles de Barcelona y los municipios del área metropolitana sin ningún arraigo familiar, De Gispert compareció ayer ante la prensa para anunciar medidas al respecto. "El tema es nuestro en un 70%, pero el Departamento de Justicia no puede resolverlo solo", aseguró, antes de solicitar la colaboración del resto de administraciones. El primer paso se dará el próximo día 13, cuando la consejera se reúna con los alcaldes de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet -Joan Clos y Manuela de Madre, respectivamente-; el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena; el consejero de Gobernación, Xavier Pomès, y la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas. De Gispert reconoció después que "hace unos meses nadie imaginaba que el problema fuese tan grande y tan grave", y explicó que el propósito de la Generalitat es que el próximo mes de febrero funcione en Barcelona un centro en el que se decida una actuación concreta para cada joven magrebí ilegal que detecte la policía. Esta medida podrá ser desde ofrecerle una ayuda puntual hasta ordenar su internamiento en un centro de acogida de la Generalitat -pese a la oposición del joven-, "de donde no sea fácil su salida", según De Gispert. La consejera asegura que el internamiento debería ser la "última solución", pero precisó que se utilizará de forma paralela a otras. Según De Gispert, actualmente no se puede retener a un menor ilegal y sin familia en contra de su voluntad porque no lo permite la Ley de Protección de Menores, que data de 1991. Por eso, Justicia trabaja desde hace días en una modificación que se espera consensuar con todos los grupos del Parlament y se tramitará por la vía de urgencia para que esté aprobada antes de Navidad. Fichas de identificación Al mismo tiempo, el grupo de CiU en el Congreso presentará en los próximos días otra propuesta de modificación de la Ley de Extranjería que permita realizar una ficha de identificación de los menores. Según De Gispert, la Generalitat está estudiando también con la fiscalía la posibilidad de someter a estos jóvenes a una prueba radiológica para determinar su edad, pues se calcula que uno de cada cuatro es mayor de 18 años. Con estas medidas, asegura la consejera, podrá empezar a cambiar la situación actual, en la que es habitual que un menor huya de un centro de acogida a las pocas horas de ser trasladado. Del mismo modo se evitará la picaresca que lleva a estos jóvenes a facilitar hasta siete identidades distintas y otras tantas nacionalidades y edades y se combatirá su sistemático rechazo a someterse a la ayuda de la Administración.La consejera admitió que las medidas que propone son similares a las que se aplican con los menores internos en los centros de la Generalitat por haber delinquido. Mientras tanto, las asociaciones de vecinos de los barrios del Raval y Santa Rosa de Santa Coloma de Gramenet denunciaron la "incompetencia" del Departamento de Justicia, al que acusan de "pasividad" ante un problema planteado hace meses, informa Esther López.