Poder catalán

"Más que de gestión, hoy les voy a hablar de poder": no podrá decirse del presidente de la Generalitat que se haya ido por las ramas en el discurso de política general pronunciado en el Parlamento de Cataluña. Si algo distingue la conducta pública de Jordi Pujol es que aparece siempre guiada por un discurso en el que la intención del autor coincide exactamente con la intención del texto al revés de lo que ocurre con los nacionalistas vascos, que sueltan la lengua a paseo en sus verdes praderas para presumir luego de moderados en este secarral castellano.De poder habla Pujol cuando reclama para el Gobierno y el Parlamento de Cataluña la última palabra en todo aquello que no ponga en peligro la cohesión del Estado, la conducción de la política macroeconómica y la actuación internacional. En lo demás, incluidas las competencias estatales que la Constitución declara transferibles o delegables por ley orgánica, las instituciones catalanas no deben sentir ningún límite a su poder. Por supuesto, para lo que se refiere a la organización administrativa e institucional del territorio catalán, Pujol no reconoce ninguna competencia fuera del Parlamento y del Gobierno de Cataluña.

Eso, afirma Pujol, es tener poder. Y eso, añade, es tener soberanía, aunque sea con las limitaciones que encierra la expresión "soberanía compartida". Naturalmente, la reivindicación de un poder catalán soberano deberá habérselas de una u otra forma con la Constitución. Al abordar el asunto, Pujol no dice que los catalanes no quepan en ella, sino que el objetivo último de su política puede alcanzarse dentro de esta Constitución, a condición de que se interprete a su manera o, si fuera preciso, planteando su revisión. En ambos casos, sea por interpretación, sea por revisión, Pujol anuncia la apertura de un periodo "poco o mucho constituyente".

Éste es un concepto inédito en teoría constitucional. "Poc o molt" no son adjetivos adecuados a semejante sujeto: o hay proceso constituyente o no lo hay. Pero como Pujol no está por las definiciones rígidas, rodea también el nuevo proceso de la misma ambigüedad que atribuye a la Constitución. Poco o mucho constituyente es lo mismo que decir que "el tema de la estructura del Estado no está resuelto del todo" al menos en dos frentes, el vasco y el catalán, "i hores d´ara també el gallec". Resolver ese tema: he ahí la cuestión. Y Pujol no ve otro modo que reiniciar un proceso más o menos constituyente que culmine en la consagración de un poder catalán soberanamente compartido.

De acuerdo, pero ¿con quién?, ¿con una cuarta entidad llamada España? Las cosas estaban claras cuando se trataba de una relación entre Cataluña y el resto de España, al modo de 1931; comenzaron a complicarse cuando a Cataluña se añadió Euskadi, como en 1936 y otra vez en 1976-78; y se han acabado de confundir cuando a Cataluña y Euskadi se suma Galicia y... los que vengan detrás. Puestos a sacar las últimas consecuencias, no habría más remedio que declarar como sujetos de cosoberanía a todos los pueblos de España, o sea, a todas las comunidades autónomas, que son con ligeras variantes las mismas que allá por 1873 la nonata Constitución Federal de la República Española declaraba Estados.

No es ésa, claro está, la perspectiva de Pujol, que propone negociar con el Gobierno central y con la oposición la nueva cuota soberana de poder catalán. Y aquí es donde radica la clave del asunto: que pueda resolverse el tema de la estructura del Estado depende, según Pujol, de la situación política de Cataluña y de España. No había mejor manera de decir que la Constitución del Estado debe revisarse cuando cambia la relación de fuerzas entre partidos políticos. Ahora bien, no hay en el mundo Estado que aguante si sus bases constitucionales se modifican según la cambiante composición de sus parlamentos, elemental principio que Gobierno y oposición debieron haber aprendido hace ya un montón de años.