El TSJ falla a favor de la segregación de facultades de Alicante al inicio de curso

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJ) hizo pública ayer, coincidiendo con la apertura del curso en Alicante, una sentencia que legitima la segregación de titulaciones y facultades de la Universidad de Alicante decretada por el Consell en abril de 1997. En esa fecha, un decreto del Gobierno valenciano ordenó la adscripción a la Universidad Miguel Hernández de Elche de la Facultad de Medicina, la diplomatura de Estadística y el Instituto Universitario de Neurociencias.

El decreto fue recurrido ante el TSJ por el equipo rectoral de Alicante, FETE-UGT y la asociación Campus Jove, que entendían lesionados los intereses de la Universidad y violados los principios de autonomía universitaria y otros derechos recogidos por la Constitución. Con todo, la sentencia recoge el voto particular de uno de los tres magistrados de la sala, Fernando Nieto, que cuestiona la justificación de las segregaciones y expone dudas sobre la constitucionalidad de la decisión impuesta por el Consell. La sentencia avala las segregaciones por entender que la autonomía universitaria tiene "su razón de ser" en la protección de la libertad académica, de enseñanza, estudio e investigación frente a todo tipo de injerencias externas, pero no en el derecho de las universidades a contar con unos u otros centros concretos a modo de "patrimonio intelectual". Para los magistrados del TSJ, ese apartado corresponde exclusivamente al legislador, al que compete decidir sobre cuestiones referidas al número de centros, profesores y alumnos que en un momento determinado puedan formar parte de las universidades. Apoyándose en anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, el TSJ ha decidido no atender el recurso de la Universidad de Alicante, que se acogía a la carencia de razones académicas o criterios de planificación educativa para reclamar la nulidad del decreto del Consell. "La segregación no responde a ningún criterio racional, pues ni se mejora la distribución territorial de las titulaciones ni se segregan centros temáticos interrelacionados entre sí o con los que se impartirán en la nueva Universidad", aducía el recurso. Frente a ese argumento, el TSJ insiste en la potestad del legislador competente de "controlar este tipo de decisiones". Los magistrados no entran en el análisis relativo a la existencia o no de justificación suficiente sobre la readscripción de enseñanzas y centros, al considerar "nítida y taxativa" la doctrina constitucional, que establece que la ley se encargará de regular la autonomía universitaria "en la forma en que el legislador estime más conveniente, dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial", centrado en asegurar la libertad de enseñanza e investigación. El poder autonómico La sentencia del TSJ hace mención, además, a las competencias que asigna a la Generalitat el Estatuto de Autonomía, entre las que figura la "regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados". "Corresponde a cada comunidad autónoma", añaden los magistrados, "las tareas de coordinación de las universidades, y resulta legítima y conforme con el derecho de autonomía universitaria la reorganización académica" introducida por el Consell que preside Eduardo Zaplana. El auto incide también en la circunstancia de que se trata de una readscripción de centros y estudios, y no de la supresión de carreras o títulos universitarios. "Dudas razonables" La sentencia comunicada ayer fue avalada por dos de los tres integrantes de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ. El magistrado Fernando Nieto emitió un voto particular en el que aporta "dudas razonables" sobre la legalidad de la ley de creación de la Universidad de Elche y el decreto que ordena la readscripción de estudios y centros. Nieto asegura que la sala debió "interponer una cuestión de inconstitucionalidad", dada la posible contradicción existente entre el contenido de las leyes y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. "No existe justificación suficiente que ampare el resultado de la segregación", apunta. Nieto puntualiza que en la memoria de creación de la Universidad de Elche "no aparece dato objetivo alguno, de cariz académico, territorial o de otra índole, que abone la readscripción de esos centros". "Esta falta de motivación de fondo impone, en mi opinión, la formulación de la duda de constitucionalidad", concluye. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente Zaplana se apresuró a declarar que era "una noticia esperada, que demuestra que las cosas están bien hechas y que lo único que hace el Gobierno es defender la legalidad". Y no desaprovechó para arremeter contra el rector Pedreño, al que acusó de "mantener posiciones personales que crean un conflicto institucional permanente". "Un señor no puede tener en jaque al sistema institucional, a la propia soberanía popular y al Gobierno elegido", puntualizó. Pedreño se negó a valorar el contenido de una sentencia que desconocía, mientras el consejero Camps repartía copias y hablaba de la existencia de "un punto y aparte". El secretario general del PSPV, Joan Romero, recordó, sin embargo, que la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional.