La patronal valenciana llegó a cuadruplicar algunas facturas para justificar 107 millones

El informe del Tribunal de Cuentas desvela que los responsables de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) manipularon reiteradamente la documentación contable entre 1993 y 1995 hasta el extremo de que algunas facturas fueron imputadas en la justificación de hasta cuatro subvenciones diferentes. Esta repetición de facturas afectaba a todo tipo de ayudas públicas, de tal suerte que el tribunal de Cuentas cree que la Consejería de Trabajo debería reclamar el reintegro de dos subvenciones. Las facturas repetidas ante distintas administraciones alcanzan los 107 millones de pesetas.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que la principal responsabilidad en el descontrol del dinero público gestionado por las organizaciones empresariales recae sobre la CEV, que tendrá que devolver 191 millones de pesetas a la Fundación para la Formación Continua (Forcem). Esta fundación se constituyó en mayo de 1993 como resultado de un acuerdo entre la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Forcem dejaba en manos de empresarios y sindicatos la gestión y administración de todos los fondos públicos destinados a la formación continua de los trabajadores empleados. De la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas se desprende que la patronal valenciana utilizó las facturas con las que justificaba los fondos obtenidos a través del Forcem para justificar las subvenciones de la Generalitat. El citado tribunal ha reclamado a la CEV la devolución de los fondos del Forcem, aunque en el caso de las subvenciones obtenidas de la Generalitat, tendría que ser la Administración autonómica la que, a través de su intervención general, revisará y reclamara las cantidades indebidamente justificadas. El Tribunal de Cuentas, a la vista de la documentación revisada en su auditoría de las subvenciones del Forcem, señala que la Consejería de Trabajo debería reclamar, al menos, el reintegro de dos subvenciones -con números de expediente 021/93 y 034/93- por importe de 19.446.000 pesetas. Con las facturas repetidas, la CEV -con José María Jiménez de Laiglesia como presidente y Luis Espinosa como secretario general- llegó a justificar más de 107 millones de pesetas de subvenciones procedentes de la Consejería de Trabajo, el Impiva, los programas de empleo valencianos (PEV), Forcem y otros programas destinados a facilitar la formación de los trabajadores y generar empleo. "Dentro de estos importes indebidamente imputados este Tribunal ha detectado facturas imputadas en la justificación de hasta cuatro subvenciones diferentes y facturas imputadas a varias subvenciones correspondientes a una misma línea pero en ejercicios sucesivos", detalla el informe del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la duplicación de facturas no fue el único sistema utilizado por la CEV durante los años en que Espinosa y Jiménez de Laiglesia fueron sus responsables. Los costes de amortización imputados a distintas subvenciones se incrementaron injustificadamente en casi 13 millones de pesetas. Los costes del personal de la CEV utilizado para impartir cursos de formación también se hincharon en más de 15 millones de pesetas. Estos tres elementos, la duplicación de facturas para justificar subvenciones, y los "excesos de imputaciones" en las amortizaciones y en el personal, llevan al Tribunal de Cuentas a afirmar: "Esta multiplicidad de imputaciones constatada, supone que en estos casos la CEV ha utilizado una misma factura para justificar subvenciones diferentes, por lo que es razonable pensar que algunos de los cursos [de formación] por cuya realización se recibieron las subvenciones (tanto de Forcem como de la Generalitat) no hayan sido llevados a la práctica". El justificación contable -cuya supervisión debían realizar Jiménez de Laiglesia y Espinosa- demuestra que la CEV ingresó un mínimo de 26,9 millones de pesetas por matrículas de alumnado a los cursos de formación que fueron cobrados indebidamente. En cualquier caso, el sistema de recibos y facturación de las matrículas de los cursos de formación utilizado por la CEV "impide conocer en cuántas ocasiones se incumplió el requisito de gratuidad de las acciones formativas del alumno", afirma el informe del Tribunal de Cuentas. En el análisis realizado por el Tribunal de Cuentas del periodo 1993-1995 se señala también que la CEV no acreditó haber realizado estudio alguno para conocer "las demandas de formación de las empresas y los trabajadores", como tampoco realizó "seguimiento ni evaluación de ningún tipo de los resultados obtenidos mediante la realización de los cursos". Igualmente, el informe destaca que los cursos de formación se hicieron "en unas ocasiones a través del centro de formación de la CEV y, en otros, a través de centros de formación privados contratados por dicha entidad". El secretario de la CEV, Luis Espinosa, y su madre eran propietarios de una parte de los locales de una academia de Valencia, denominada IFNE, donde la patronal contrató un buen número de cursos. La fiscalización del Tribunal de Cuentas se inició para "verificar la correcta obtención, aplicación y justificación de las subvenciones recibidas de Forcem por CEV correspondientes a 1995". Sin embargo, las anomalías detectadas llevarón a los miembros del Tribunal de Cuentas a ampliar la fiscalización a los ejercicios de 1994 y 1993. Documentación El informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto otros detalles, como que el personal del centro de formación de la CEV que impartió cursos subvencionados fue considerado "en su totalidad" como profesorado externo. Respecto a la justificación documental, el Tribunal de Cuentas señala que la CEV no facilitó detalle de la ejecución de sus presupuestos, ni certificados de las subvenciones, de las cuentas bancarias, de los alumnos que acudieron a los cursos, ni partes de asistencia del profesorado y alumnado. El mismo informe señala que las facturas que emiten "los profesores externos" son todas genéricas e incluyen el "alquiler de medios didácticos y aulas" sin separación de importes.