Un consejero del Tribunal propone extender la fiscalización de las ayudas a Castellón y Alicante

El consejero ponente del Tribunal de Cuentas Ciriaco de Vicente, responsable del área de Seguridad Social y Acción Social, condenó ayer la "falta de rigor" de las organizaciones empresariales y sindicales en la gestión de las subvenciones de la Forcem, una fundación creada en 1993 y gobernada por CEOE, CEPYME, CC OO y UGT. Estas cuatro entidades son las que deciden la distribución anual de los fondos de formación continua. Entre 1995 y 1996, la Forcem administró 116.643 millones de pesetas. De Vicente, responsable del informe fiscalizador de las subvenciones de la Forcem, propondrá cuando se discuta el plan de actuación del organismo para 1999, cuya aprobación está prevista para finales de octubre, que la fiscalización de la Forcem y los beneficiarios de sus subvenciones se realice también desde 1996 a 1998. Además, existe una propuesta de extender el control de los fondos a Castellón y Alicante. Los escándalos relacionados con la gestión de los fondos de formación profesional se generalizaron en España a partir de 1993, fecha en la que la Generalitat recibió las competencias en esta materia. Durante los primeros años las organizaciones empresariales y sindicales utilizaron los fondos públicos sin apenas controles administrativos. La proliferación de estos escándalos, y prueba de ello fue la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizarlos, llevó a las diferentes administraciones públicas a imponer controles cada vez más rígidos para evitar posibles irregularidades. En la actualidad, son las organizaciones empresariales y sindicales las que reciben tarde y mal las subvenciones públicas para la formación profesionales de los desempleados. Después de una época de excesos llegó la etapa de recortes. El nivel de exigencia en la concesión de algunas líneas de subvenciones para la formación son en ocasiones tan elevadas que patronales y sindicatos ni tan siquiera optan a ellas. Durante este tiempo se han implantado métodos para testar la calidad de la formación que reciben los alumnos. La obtención de un contrato de trabajo y su permanecia en el puesto es, hoy por hoy, uno de los índices más habituales para medir la utilidad de los cursos.