Rehacer, deshacer
La crónica política de septiembre estuvo presidida en los primeros días por el acatamiento insurreccional con que el PSOE de Felipe González respondió a la sentencia en el caso Marey. Las perspectivas de renovación de los recientes candidatos, como Borrell, Maragall y Redondo, quedaron estúpidamente en la sombra ante la caja de los truenos destapada por el ex presidente y por los condenados en esta extraña ceremonia donde la voz y la imagen fueron monopolizadas por quienes hubieran debido ceñirse a la defensa legal de sus derechos y en este caso se comportaron como autodesignados jueces de sus jueces.De este modo, un gesto perfectamente válido y que le honraba como signo de solidaridad y nobleza, intervenir como abogado en la defensa de los condenados ante el Tribunal Constitucional, se convirtió por parte de González en un desafío. Si su recurso no es atendido, claramente está dispuesto a que salte por el aire el prestigio de la más alta institución del poder judicial. Tratará a los magistrados del Constitucional como lo ha hecho con los del Supremo. Ni el PSOE ni la democracia se lo merecen.
Porque nuestro orden constitucional no es tan sólido como para soportar sin graves daños este tipo de conmociones. Las tormentas levantadas con el fin de bloquear los juicios sobre los GAL sólo pueden servir para que unas descalificaciones no menos fáciles sean utilizadas por los partidos nacionalistas, ahora para expresar que seguimos en la España del esperpento y del desprecio a la justicia y que, por consiguiente, resulta necesario otro modelo de Estado, en el cual la contaminación de Madrid no alcance a las inmaculadas construcciones nacionales de la periferia, hoy frenadas por la Constitución.
Éste es el problema político del día y no las consecuencias de unos hechos demasiado reales. Nada de caso Dreyfus: los muertos y los secuestros no son aquí falsificados. Y, si hubo error en la sentencia, hablará el Constitucional. Entretanto, y antes de que llegara el aldabonazo de la tregua de ETA, la declaración y los documentos de la triple alianza PNV-CiU-BNG en julio planteaban un jaque al Estado de las autonomías, en nombre de unas naciones (de hecho, unos partidos nacionalistas) que supuestamente no eran reconocidas por la Constitución y aspiraban a la soberanía. Con su innata capacidad para sustentar el caos, la Izquierda Unida de Anguita se suma ahora al concierto con una lección original de oportunismo made in Lenin, proponiendo una autodeterminación generalizada de la que saldría la unión voluntaria, y además como federación. Genial. El leitmotiv de las diferentes posturas, resumidas en la declaración de Estella/Lizarra, responde al veredicto del supuestamente moderado Ardanza, que de un plumazo declaraba a la Constitución "anquilosada y obsoleta". Cuando se encuentra sobre el tapete una posible negociación con ETA, semejante estado de la cuestión no deja de ser preocupante.
Y es que sólo desde una imagen nítida del Estado de derecho y de la democracia puede comunicarse la impresión derivada de la realidad política, esto es, que el Estado de las autonomías funciona con toda regularidad y no es un simple régimen descentralizado, sino el marco en el cual se ha recuperado y desarrollado al mismo tiempo las construcciones nacionales de Cataluña y de Euskadi, sin que por ello se generase un desarrollo desigual, como inicialmente se temiera, y sin que el nacionalismo centralista impida esa afirmación de los símbolos y de las políticas propias de las nacionalidades cuya existencia reconoce la Constitución. El modelo actual se ha probado también en el plano económico como válido para responder a los retos de la unificación europea. Claro que no propicia la limpieza cultural de los castellanohablantes, ni la eliminación de esa pertenencia doble de tantos vascos y catalanes a su condición de tales y a la de españoles. Ni abre la puerta a una Confederación tetracéfala, del todo inviable. Pero no basta aquí con negar, visto sobre todo cómo anda Arzalluz, cual nuevo Sabino con su declaración de guerra a la Constitución y su "Euskadi por la soberanía". Hay un amplio espacio para el debate y la reorganización dentro de la normatividad vigente, con la reforma del Senado como pieza clave, entre otras. Éste es el debate político por hacer, en cuanto haya un poco de sosiego.
