El PP quintuplicó el número de pisos junto a El Pardo para pagar el suelo expropiado de la M-40

La investigación judicial abierta por las recalificaciones de suelo junto al monte de El Pardo encara su recta final. Dos peritos arquitectos, Saúl Arzabe Arteaga y José Ignacio Chico Crespo, han remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid sus conclusiones sobre las operaciones de suelo de Aravaca aprobadas por el PP, que gobierna el Ayuntamiento de Madrid. Los peritos concluyen, entre otras cosas, que, en unos terrenos calificados para 260 viviendas, el gobierno municipal, mediante una modificación, permitió 1.296, con lo que se quintuplicó la edificabilidad en la zona.

En las fincas de Aravaca situadas junto al monte de El Pardo, en una zona de casas de lujo denominada Valdemarín, el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, redactado por el PSOE, estableció un modelo urbanístico de "baja densidad": sólo se podrían construir 260 viviendas, cada una de ellas situada en parcelas de 2.500 metros cuadrados y con una superficie edificable de 750 metros cuadrados.Esta calificación urbanística tan restrictiva disgustó a algunos propietarios de suelo de la zona, que presentaron, en 1993 (con el Partido Popular en el gobierno municipal), una propuesta para que el Ayuntamiento modificara el Plan General de Ordenación Urbana en Valdemarín, de manera que les permitiera construir 12 pisos en lugar de un único chalé en cada parcela. De esta manera sería más facil encontrar compradores en el mercado inmobiliario.

Los nuevos gestores del Partido Popular, apurados por la falta de dinero para pagar a los expropiados de la M-40, aceptaron esta petición y, de paso, incrementaron la edificabilidad de las parcelas para hacer caja y liquidar sus deudas con los propietarios que perdieron parte de sus terrenos por la construcción de la citada autovía. Este proceso molestó a otros vecinos ya instalados en la zona, que vieron una amenaza a su calidad de vida en la recalificación de suelo para más pisos. Los vecinos presentaron alegaciones y, tras comprobar que el Ayuntamiento ignoraba sus quejas, abrieron un frente en los tribunales.

Según la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos de Valdemarín, varios promotores gozaron de información privilegiada y compraron suelo en Aravaca unos meses antes de que se iniciaran los trámites para aumentar la edificabilidad del suelo, según señala el presidente de la agrupación vecinal, Juan Manuel de Lázaro.

La asociación interpuso una demanda judicial contra nueve propietarios de suelo, entre los que figura José Manuel Bartolomé, marido de la ministra Isabel Tocino, del PP.

La ministra rechazó las acusaciones contra su marido: "Nos han expropiado y, a cambio, nos han dado unos terrenos con la misma edificabilidad".

Modificación

Otros tres imputados en la denuncia son Felipe San Román, Luis Basabe y Pedro Argüelles Alcolea, que componen el grupo gestor de la promoción urbanística que presentó el proyecto de modificación urbanística ante el Ayuntamiento, según el informe pericial. Los vecinos les imputan tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.El ex concejal de Urbanismo y actual teniente de alcalde de Madrid, José Ignacio Echeverría, y el ex gerente de Urbanismo Pedro Areitio no están imputados por los vecinos, como por error señaló este periódico el pasado miércoles. De Lázaro, portavoz vecinal, aseguró que denunciarían a Echeverría y Areitio, pero nunca lo hizo.

El juez admitió a trámite la denuncia vecinal, abrió diligencias y encargó un informe que los peritos ya han acabado.

Para aclarar los aspectos de ese estudio pormenorizado de la revolución urbanística de Valdemarín, los peritos deberán presentarse ante el juez la próxima semana.

En el informe, descalificado por los gestores del PP y por los propietarios del suelo, se apuntan tres supuestas anomalías:

-Se recalificaron 400.000 metros cuadrados más de los necesarios para abonar las expropiaciones de la M-40.

-Las modificaciones urbanísticas aprobadas por el PP incrementaron el valor de los terrenos un 234%.

-Una de las zonas recalificadas está supuestamente protegida por la normativa medioambiental.

Información privilegiada

Estas conclusiones, aunque carezcan de momento de contenido penal, abren paso a la pregunta de a quién benefició esta operación, diseñada y ejecutada por el Partido Popular. El informe de los peritos no establece si hubo promotores que tuvieron información privilegiada y compraron suelo a sabiendas de que se iba a recalificar. Tampoco precisa si se favoreció especialmente a algún propietario determinado.Los propietarios del terreno denunciados por los vecinos desmienten todas las imputaciones y consideran erróneo el informe pericial. Los peritos aseguran que, en una parcela donde se podían edificar tres metros cuadrados por cada diez metros cuadrados de superficie, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una modificación para que se construyesen siete metros cuadrados por cada diez.

Según los propietarios de suelo, el aumento de edificabilidad sirvió para pagar a los expropiados de la M-40, pero en ningún caso para que ellos pudieran construir más.