Paz sin imposiciones

AUNQUE UN mitin de partido no era el marco adecuado para definir la actitud del Gobierno ante la nueva situación creada por la tregua de ETA, el discurso pronunciado ayer por Aznar en San Sebastián sirvió para exponer las posiciones de principio del Ejecutivo tras los primeros contactos con dirigentes de otros partidos: actuación desde el consenso democrático; separación del problema de la paz del eventual debate sobre el autogobierno; generosidad para los que abandonen las armas; validez del estatuto y la Constitución como marco político del pluralismo vasco. Unos principios que coinciden con los expresados por el primer partido de la oposición.Hace ahora 16 años, en un escenario muy próximo, el velódromo de Anoeta, el entonces candidato socialista Felipe González se comprometió a asumir lo que los propios vascos decidieran -el "mínimo común múltiplo", dijo- sin otros límites que los marcados por la Constitución y el estatuto. Lo que entonces se veía como marco para un proceso de integración de la minoría antisistema que apoyaba la violencia no tuvo siquiera ocasión de ser ensayado. ETA asesinó a un general apenas cerradas las urnas. Ahora, la situación es diferente porque se cuenta de entrada con el alto el fuego de la banda.

Se ignoran, sin embargo, las intenciones de ETA al acordar esa medida. Ojalá exprese, como asegura Ardanza, una voluntad inequívoca de abandonar definitivamente las armas. Hasta ahora hay indicios que el tiempo debe convertir en pruebas. Para que la tregua sea definitiva, el escrito de ETA exige a los partidos nacionalistas -los únicos a los que se dirige- que renuncien al estatuto y rompan todo pacto con formaciones españolas para defender un proyecto soberanista que incluya a Navarra y el País Vasco francés. En sustancia, pues, ETA hace depender la paz de que los demás partidos nacionalistas asuman como propio su programa e incluye una mención a la "persecución social" de quienes se opongan a ese proyecto. Algunos ya han seguido sus indicaciones. Ayer incendiaron una sede socialista en un barrio de San Sebastián.

Con o sin atentados, ese planteamiento no es democrático. No lo es hacer depender la paz de que los demás asuman el proyecto del que amenaza, y obtener concesiones políticas por dejar de matar equivale a alcanzarlas por haber matado. Separar la cuestión de la paz de la eventual discusión sobre el marco político vasco es, por tanto, una exigencia democrática. Sobre eso están de acuerdo el PP y el PSOE, y también Pujol, según declaró tras su entrevista con Aznar. Anguita seguramente también está de acuerdo sobre el fondo, aunque hay cierta incoherencia en su simultánea presencia en el Pacto de Ajuria Enea, que rechaza la posibilidad de obtener ventajas políticas de la violencia, y en el de Lizarra, que más bien pretende lo contrario. La palabra corresponde ahora a los nacionalistas democráticos. Es cierto que, sin su apertura hacia HB -soberanismo, relativización del estatuto, conversaciones blindadas-, ETA hubiera carecido del pretexto que necesitaba para la tregua. Pero también que su reconocimiento del pluralismo vasco es incompatible con los planteamientos impositivos de HB y ETA. Quien proponga abandonar el Estatuto de Gernika deberá demostrar que existe una fórmula que suscite un consenso al menos equivalente. Ardanza ha propuesto congelar el debate sobre esa cuestión durante un par de años, para dar tiempo a que se asiente la paz y madure el mundo radical. Pero ese mensaje implica también no aplazar el proceso de pacificación.

Durante años se ha dicho que sin una tregua indefinida no se podía abrir ninguna discusión sobre las medidas de pacificación contempladas en el Pacto de Ajuria Enea. Un alto el fuego no significa exactamente lo mismo que voluntad inequívoca de abandonar la violencia, como reclama el pacto, pero sí constituye un punto de partida. La prudencia necesaria no puede ser incompatible con algún paso en esa dirección.

Es cierto que uno de los motivos del fracaso de Argel fue que ETA contaba de antemano con la liberación de sus 500 presos, lo que dejó sin margen de maniobra al Gobierno. Pero lo imprudente sería ahora no hacer nada, dar la impresión de parálisis. La referencia de Aznar a la generosidad de los demócratas y las del portavoz del Gobierno a la modificación de la política penitenciaria si existe consenso parecen indicar una actitud abierta sobre la cuestión de los presos. Lo importante es comenzar a andar sin necesidad de esperar a las elecciones. Dicho de otra manera, sin temor a que un gesto del Gobierno en esa dirección pueda perjudicar las expectativas electorales del PP en Euskadi.