Desahucio fratricida

"Las desgracias nunca vienen solas", debió de pensar Carmen Valdivieso, de 62 años y aquejada de cáncer de huesos, mientras contemplaba, impotente desde su cama, cómo la policía entraba ayer en su domicilio para ejecutar la orden de desahucio. El desalojo ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que parecía inminente, se suspendió después de que el forense comprobara las precarias condiciones físicas de la ocupante. "Volveremos en 15 días, cuando esté mejor", advirtió un funcionario a Carmen.Bajo el techo del número 117 de la calle de la Virgen del Lluch, piso de protección social concedido por el Ivima, conviven, además de Carmen, su hijo Fernando, de 22 años, convaleciente de un atropello sufrido hace años, y su hermana María Josefa, que padece esquizofrenia. La orden de desalojo a la que se enfrentan Carmen y su familia es fruto de las malas relaciones personales con su hermana Juana Beatriz, a la que el Ivima concedió en 1985 la subrogación del inmueble que desde 1950 perteneció a lo padres de ambas. "Desde que el Ivima le dio el derecho a mi hermana de vivir aquí, he intentado por todos los medios demostrar que en realidad ella no lo utiliza. Tiene otra casa, muy lujosa, en la calle del Padre Claret. Esto no es justo", afirma Carmen. "Mi familia y yo no tenemos donde vivir y ella no necesita esta casa", añade.

Según Carmen Valdivieso, en 1997, ante el abandono del piso donde se suponía que debía vivir su hermana Juana, optó por entrar y ocuparlo. Desde entonces, Juana Beatriz ha intentado recuperar la vivienda a través de los juzgados que, hasta ahora, le han dado la razón. "Yo soy tan víctima como ella", aseguraba Juana, presente en el momento del desahucio.

"Esta casa es mía y ella ha entrado y me la ha ocupado. Es mentira que yo no la utilice. De hecho, los jueces están conmigo. Solo quiero que se vaya. Hace años que no me hablo con ella y no me da ninguna pena", señaló Juana.

Carmen ha presentado ante la Dirección General de la Vivienda pruebas de que su hermana es propietaria de otro inmueble, por lo que, legalmente, perdería el derecho a una vivienda de protección social. Incluso ha interpuesto demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, pero la resolución de éste daba la razón a Juana. "Es increíble", musitaba ayer desde su lecho Carmen. "Nadie quiere hacerme caso. Tendré que llegar al Supremo para demostrar que tengo razón", añadió.

Allanamiento

No es la primera vez que Carmen ocupa la vivienda en litigio. En 1992 moró en ella dos años hasta que el Juzgado de lo Penal número 26 dictó una sentencia condenándola por allanamiento y exigiéndole el pago de 800.000 pesetas.Ayer, frente a su casa, la Plataforma ciudadana por la Justicia y la Democracia, de la que Carmen es miembro, se oponía al desalojo. "No tienen ningún derecho a sacarla de aquí", aseguraba su presidente, Ernesto Fernández Martínez. "Están poniendo en la calle a una familia en beneficio de otra hermana con medios económicos. El Ivima ha de respetar la justicia y no suscribir el agravio comparativo", dijo Fernández.