Camps afirma que el Consell destina un 0,96% del PIB a las universidades

El responsable autonómico de Educación, Francisco Camps, salió ayer al paso del envite lanzado el jueves por las cinco universidades públicas que pidieron al Consell que duplique la financiación ordinaria [que en la actualidad se sitúa en 37.000 millones], lo que significaría elevar el gasto universitario al 1% del PIB valenciano. Camps aseguró que: "Si sumamos el gasto destinado a profesorado, equipamento, inversiones y convenios de colaboración, estamos ya en el 0,96%; a sólo cuatro décimas de la media europea".

"En Europa cuando hablan de financiación en términos del PIB, no se refiere a la subvención nominativa por estudiante. Sino que en este concepto se incluyen también los ingresos por tasas académicas, infraestructuras..., porque es dinero que las universidades también manejan", precisó ayer el consejero Camps, al reiterar que en la Comunidad "estamos prácticamente al lado de la financiación europea media". De esta manera, el consejero de Educación respondía al reto planteado el jueves por las universidades valencianas, las cuales -en un gesto inédito en la Comunidad Valenciana- emitieron un comunicado conjunto en el que consideran "objetivo irrenunciable" a la hora de sentarse a negociar con la Consejería de Educación la revisión del actual modelo de financiación, que "la Generalitat destine el 1% del PIB" a la financiación de las cinco universidades públicas, para "aproximarse a la media europea. Esto supone pasar de los actuales 37.000 millones de pesetas presupuestados para el ejercicio 1998, a unos 70.000 millones en los próximos años, según los cálculos de los equipos económicos de todas las universidades. Pese al satisfactorio porcentaje ofrecido por el consejero, la realidad parece ser otra. Según expertos universitarios en temas económicos, "lo que la Generalitat consigna en sus presupuestos anuales, en ningún caso y en todos estos años, ha llegado al 0,6% del PIB". Los cáculos del gasto corriente en los países europeos, al contrario que la tesis sostenida por la Administración valenciana, no puede incluir nunca el gasto privado (esto es, los ingresos de las universidades por familias, a través de las tasas académicas, y los ingresos por convenios de colaboración con empresas). Por tanto, según las mismas fuentes, estos capítulos no pueden computarse jamás como gasto público universitario. Como tampoco, parece que pueda computarse el plan de inversiones plurianual aprobado por la Generalitat, que asciende a 75.000 millones de pesetas entre las cinco universidades. La pregunta que se hacen los rectorados es: ¿Cómo calcula la Administración lo que representa concretamente para este año, si el plan de inversiones se ha diseñado como deuda pública y a pagar a partir del 2012?