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El PSOE propugna el voto para los inmigrantes legales en las municipales

El PSOE presentó ayer en el Congreso un borrador de Ley Orgánica para crear un nuevo Estatuto del Extranjero en España que implicaría la segunda reforma de la Constitución de 1978. Tras acusar al Gobierno de practicar una política de "parcheo" sobre los problemas de los inmigrantes, Carmen Cerdeira, responsable socialista de Movimientos Sociales, señaló que dicho estatuto prevé conceder el voto a los inmigrantes legales en las elecciones municipales y el derecho a la sanidad, educación y a la seguridad social.

La primera reforma de la Constitución se llevó a cabo para permitir el sufragio en los comicios locales de los extranjeros que residan en España y que sean naturales de países de la Unión Europea (UE). La iniciativa socialista pretende extender ese derecho a todos los inmigrantes con residencia legal en España. Pero, además, el borrador presentado por Cerdeira -calificado de "integral e integrador"- prevé también que cualquier extranjero en situación legal pueda acceder a la función pública salvo que se trate de cargos que supongan un ejercicio de autoridad. Para permitir el voto de los extranjeros extracomunitarios sería imprescindible la reforma del artículo 13 de la Carta Magna, que limita el derecho a participar en los asuntos públicos a los españoles.El proyecto de los socialistas contempla el acceso de los inmigrantes en situación regular a la sanidad pública, la educación y a la seguridad social, y un tratamiento igual para los casos de accidente laboral de los trabajadores sin importar si se halla en situación regular o no. Aparte, los inmigrantes que se hallen regularizados podrán disfrutar del derecho a la justicia gratuita. Los inmigrantes ilegales tendrían derecho también a la justicia gratuita en las jurisdicciones penal, contencioso-administrativa y en los procesos de expulsión. La responsable socialista de Movimientos Sociales criticó la política del Ejecutivo que, a su juicio, ha aplicado medidas "absurdas e inútiles". Cerdeira señaló que el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, prometió al tomar posesión del cargo que acabaría con los campamentos de inmigrantes en Ceuta y Melilla en seis meses. "Hoy hay 600 en Ceuta y más de 500 en Melilla", recordó.

Sistema de cupos

Cerdeira abogó por por pactar entre todos los partidos la regularización de todos los inmigrantes sin papeles que viven hoy en España. Y se mostró partidaria de modificar el actual sistema de cupos para la acogida de inmigrantes. "Al hambre no se la va a parar con muros", aseguró. Precisamente ayer, 25 personas fueron detenidas tras entrar clandestinamente en Ceuta. Un marroquí y un español también fueron detenidos por facilitarles la entrada. Cerdeira, que ejerció como delegada del Gobierno en Ceuta, defendió también un cambio drástico en la legislación penal y administrativa para castigar el creciente tráfico de inmigrantes.Cerdeira lamentó que con la actual normativa sólo se puede imputar a los traficantes por "atentado contra la libertad de movimientos de los trabajadores".

El proyecto -consultado con varias organizaciones no gubernamentales- propugna también crear una secretaría de Estado de Migraciones que dependería del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y no del de Interior. El 1 de octubre todos estos movimientos sociales participarán en una jornada abierta en la que aportarán sus opiniones.

Y es que los inmigrantes aguzan el ingenio para llegar a la Península o a Ceuta y Melilla. La policía de Melilla ha comprobado en los últimos meses la llegada de familias argelinas a la ciudad que son ayudadas por redes mafiosas, informa Efe. Pero se está constatando también que muchas de esas personas no tienen ningún vínculo de parentesco. La intención de estas falsas familias es lograr su traslado en grupo a un centro de acogida en la Península, ya que si entran en Melilla individualmente pueden pasar meses en la ciudad y corren el riesgo de ser devueltos a Argelia.

Enrique Beamud, delegado del Gobierno en Melilla, afirmó ayer en conferencia de prensa que se está investigando "caso por caso" para descubrir a las familiares que "son simuladas". Cuando se comprueba que la familia es legal se le traslada a los centros de la Península. Si se prueba el fraude, señaló Beamud, "el proceso de expulsión parece lo más lógico".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de septiembre de 1998

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