Ante el próximo debate parlamentario de los Presupuestos

El hace poco recordado mayo francés pregonó que "todos los conceptos existentes están caducos y es preciso volver a pensarlos". Los galicismos "repensar" y "reinventar", especialmente referidos a estructuras y conceptos políticos, recibieron así nuevo impulso y el derecho a pensar cobró inusitado vigor frente al cepo de lo repetido casi mecánicamente. Como ola de esto, y por muchas razones, el Estado en general y los Parlamentos en particular debían ser "repensados" por completo, "reinventados". Llevamos repitiendo esto años y años y casi seguimos igual. Por ello prefiero que el fruto de la recapacitación y de la nueva invención se traduzca más en reformas parciales y paulatinas que en grandes y por completo nuevas construcciones que nunca llegan o que chocan estrepitosamente con la realidad.La institución parlamentaria es un buen ejemplo de esta situación: a pesar de innumerables reclamos renovadores, sigue viviendo en parte sustancial sobre cimientos centenarios; tanto se prolonga la situación que quizá habrá que empezar a admitir que no haya otros. Esta situación se hace muy patente en el campo presupuestario. En este sentido, creo que el Congreso de los Diputados y el Senado, a pesar de los esfuerzos realizados, no están debidamente preparados para ejercer de la mejor manera posible la función presupuestaria que les incumbe dentro del Estado contemporáneo, que es el español de nuestros días, afirmación que se puede predicar tanto de la fase de aprobación como de la de control. Dejo de lado esta última, que me llevaría al complicado tema de las oficinas parlamentarias de Presupuestos; me centro en la de aprobación. Escribo estas líneas, además, en un momento en que, como todavía no suenan con estrépito los tambores presupuestarios en la Carrera de San Jerónimo, se puede llamar a la reflexión en pos de la mejora sin que las prisas condenen de entrada todo a lo imposible. Según está concebido hoy, el procedimiento presupuestario parlamentario tiende a convertirse en una serie acumulativa y repetitiva de trámites sin verdadera especialización de cada uno de ellos, extremo que dificulta extraordinariamente la deliberación, la publicidad y, en definitiva, la visibilidad y el prestigio ante los ciudadanos de la acción de las Cámaras en este terreno. El problema empieza porque tanto el Congreso como el Senado tienen competencia presupuestaria de carácter universal y general, no concreta y especializada, lo cual desemboca en que el Senado se ve obligado a repetir en gran parte lo que ya ha hecho el Congreso; ración doble, pues, en perjuicio de un conocimiento más sosegado y profundo por una sola Cámara. Pero el mal de la repetición prácticamente no especializada, acumulativa y más de una vez estéril no acaba ahí. En el tiempo constitucionalmente limitado de que se dispone en cada Cámara -octubre, noviembre y diciembre-, el Pleno, la Ponencia, la Comisión y otra vez el Pleno tienen que ocuparse de la materia. El resultado es que algunos órganos parlamentarios únicamente pueden pasar de puntillas sobre el proyecto por razón de tiempo, y, por contra, cuando éste llega al Pleno último se consume un espacio precioso en debatir cuestiones menores, insustanciales y a veces de interés estrictamente local y personal; he aquí las llamadas enmiendas de "boina" o "campanario". En suma, la acumulación de trámites repetitivos y su falta de especialización en la realidad emborrona, a mi juicio, la función presupuestaria parlamentaria, cansa y aturde a los diputados y senadores, desdibuja la percepción que de todo ello llega a los ciudadanos, perjudica la imagen que las Cámaras ofrecen a los ciudadanos y... a río revuelto siempre ganan ciertos pescadores.

En mi parecer, el Reglamento del Congreso, que es el que más conozco, hace aguas por sitios tan importantes que casi únicamente la inercia política lo mantiene a flote. Uno de los boquetes por donde penetra más agua es el presupuestario. En el imprescindible nuevo Reglamento del Congreso hay que diseñar con planta nueva el procedimiento presupuestario. La aligeración de trámites, la especialización de cada fase y la mayor libertad de enmienda de todos los grupos han de ser, entre otras, aportaciones ineludibles. Estimo, sin embargo, que no se debe esperar al nuevo Reglamento para intentar mejorar la situación. El debate de totalidad del Pleno debería, en el próximo Presupuesto, ampliarse ya y ocupar así mayor atención; las fases de Ponencia y Comisión tendrían que agotar prácticamente el estudio de las enmiendas parciales; la segunda lectura del Pleno tendría que ceñirse a las enmiendas al articulado del proyecto que, al menos, hubieran alcanzado cierto porcentaje de votos y a las de totalidad relativas a las secciones, con evitación de enmiendas menores y parciales que alargan y desfiguran el último debate del plenario; de este modo se ganaría, además, tiempo para las fases previas que tan necesitadas están de ello. Es indiscutible que las vigentes normas reglamentarias no imponen este esquema, pero se puede alcanzar por acuerdo entre los grupos parlamentarios y mediante la elaboración de un adecuado calendario por los órganos rectores de las Cámaras. El empeoramiento a la que, según mi visión, ha llegado la función presupuestaria de la mano de los mecanismos procedimentales hoy vigentes lo aconseja vivamente.

Lo que sugiero, en pocas palabras, es un cambio de rumbo parcial, menor si se quiere, pero que redundaría de inmediato en beneficio de una vertiente sustancial de la actividad parlamentaria. Confío más en el progreso por este método que por el de las reformas radicales que, por otra parte, nunca acaban de llegar