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El Supremo ordena el inmediato ingreso en prisión de los otros diez condenados del "caso Marey"

Los diez condenados por el secuestro de Segundo Marey que permanecen en libertad ingresarán en prisión de forma inminente al haber rechazado el Tribunal Supremo la segunda suspensión de la ejecución de la sentencia. Tras más de dos horas y media de reunión, la Sala Segunda acordó el encarcelamiento de Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya; Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos y hoy próximo al PP, y los ocho policías que intervinieron en la operación. La Sala rechazó los recursos de súplica de José Barrionuevo y Rafael Vera.

Los once magistrados que juzgaron el caso Marey acordaron ayer ejecutar las penas para los diez condenados que aún no están en prisión -José Barrionuevo y Rafael Vera ingresaron en ella el pasado día 10- tras rechazar los escritos en los que pedían la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta que, en su momento, el Ministerio de Justicia decidiera sobre sus solicitudes de indulto.La determinación del Tribunal Supremo, de la que únicamente se anticipó el fallo, será redactada entre hoy y mañana y posteriormente se notificará a los procuradores de los diez afectados y al Ministerio del Interior para su cumplimiento inmediato.

Según fuentes del tribunal, se seguirá así el mismo procedimiento que con Barrionuevo y Vera, dado que éste es el que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De repetirse los plazos de ingreso dados al ex ministro del Interior y el ex secretario de Estado, los restantes condenados entrarán en la cárcel mañana, miércoles, o el jueves.

Así, deberán ingresar en prisión esta semana Julián Sancristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya, condenado a diez años por secuestro y malversación de fondos reservados; Francisco Álvarez, ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista, condenado a nueve años y seis meses por los mismos delitos que el anterior; y Miguel Planchuelo, ex jefe Superior de Policía de Bilbao, y José Amedo, ex subcomisario, condenados cada uno a nueve años y medio por los referidos delitos.

También habrán de entrar en la cárcel Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE en Vizcaya, condenado a siete años por secuestro; los comisarios Francisco Sáiz Oceja y Julio Hierro, con penas de cinco años y medio por detención ilegal; los inspectores Luis Hens y José Ramón Corujo, condenados también a cinco años por el mismo delito, y el ex policía Michel Domínguez, con dos años y cuatro meses.

Amedo y Domínguez

El acuerdo de la Sala Segunda supondrá la vuelta a la cárcel de Amedo y Domínguez, ya que su petición de que se les acumule la condena a la de 108 años que ambos arrastran por los atentados cometidos en los bares franceses Consolation y Batzoki no se resolverá de inmediato.Primero deberá pronunciarse el fiscal y luego resolver el tribunal. En caso de que finalmente ambas condenas se acumulen, si el tribunal entiende que se han producido por hechos conexos, los dos podrían volver al tercer grado penitenciario -ir a la cárcel sólo a dormir-, del que hoy disfrutan, ya que el límite de cumplimiento de pena sería el mismo para la primera condena que para las acumuladas.

Sin embargo, sobre la posibilidad de que, tras su ingreso en prisión, Amedo y Domínguez vuelvan de inmediato a la calle, fuentes del tribunal se limitaron a recordar: "Tienen que cumplir una condena de 108 años de prisión..."

Aunque tras la sentencia del caso Marey en medios jurídicos se había comentado la posibilidad de que los policías que recibieron las condenas más bajas, -Domínguez, Hens y Corujo- no tuviesen que ir a prisión, el precedente más inmediato de ejecución por el Supremo de penas de similar cuantía indicaba exactamente lo contrario.

Así, en el caso Filesa (financiación irregular del PSOE), las penas más leves, de dos años y cuatro meses -la misma extensión que la de Domínguez-, impuestas a Aida Álvarez y su marido, Miguel Molledo, y la petición del matrimonio de cumplirlas de forma sucesiva para poder cuidar de sus hijos menores no impidieron que la Sala Segunda decretase el ingreso en prisión de los dos con carácter inmediato. Tres meses después, sin embargo, el Tribunal Constitucional accedió a dejar en suspenso la condena.

La Sala Segunda ha mantenido ahora la misma posición manifestada por el fiscal del caso, José María Luzón; la Abogacía del Estado y la acción popular personada en el caso Marey, que se opusieron a la pretensión de los condenados de que se suspendiera la ejecución de sus penas mientras el Consejo de Ministros resolvía sus solicitudes de indulto. Las defensas habían alegado que, de concederse el indulto después de cumplida la condena, la medida de gracia perdería su finalidad.

La abogada de Marey, Olga Tubau, compartía la tesis del fiscal, excepto en los casos de Hens y Corujo, quienes custodiaron a Marey en su cautiverio. Basándose en que los dos policías habían pedido perdón a la víctima durante el juicio, Tubau dejaba al criterio del tribunal la suspensión de la ejecución de sus condenas.

Los diez condenados que ahora irán a prisión consiguieron el pasado día 8 que el tribunal paralizase su entrada en ella para estudiar sus peticiones de suspensión de ejecución de la sentencia, basadas en la solicitud del indulto.

En cambio, la Sala, por mayoría de siete magistrados frente a tres, ordenó el fulminante encarcelamiento de Barrionuevo y Vera, dado que éstos no habían pedido el indulto y el que se había pedido a su favor en el Ministerio de Justicia no parecía cumplir, a juicio del Supremo, los requisitos de la Ley de Indulto. Además, el tribunal argumentó que la petición de suspensión no había sido planteada ante la Sala por los defensores de Barrionuevo y Vera, sino por el abogado que planteó el indulto.

Recursos

La Sala también ha rechazado los recursos de súplica planteados por Barrionuevo y Vera pidiendo que se dejase en suspenso su ingreso en prisión hasta el momento en que el Constitucional se pronuncie sobre ese mismo extremo.El ex ministro reclamaba además que se retrasara su ingreso en prisión hasta que el Gobierno se pronunciase sobre el indulto pedido para él por un grupo de concejales del PSOE de Ciudad Rodrigo (Salamanca). El tribunal, de acuerdo con el fiscal, ha rechazado ambas pretensiones.

Barrionuevo y Vera ingresaron en la cárcel de Guadalajara el pasado día 10 y allí permanecerán a la espera de que el Constitucional decida si procede excarcelarlos mientras resuelve sus recursos de amparo.

Cuando se trata de condenas superiores a los cinco años, como es el caso de ambos, el Constitucional no suele acceder a la suspensión, aunque alguna vez lo ha hecho incluso con penas de once años de cárcel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de septiembre de 1998

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