Vallejo afirma que la ley de Carreteras aclarará la titularidad de cada vía

El consejo de gobierno de la Junta de Andalucía analizará hoy el borrador de la ley de Carreteras, a la que se dará trámite parlamentario a finales de febrero y principios de marzo. El consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, señaló ayer en Jaén que esta normativa resolverá, entre otras cuestiones, dificultades sobre qué Administración -autonómica o local- tiene competencias sobre una determinada vía. Esta normativa, según Vallejo, vendrá a resolver "diez años de debate" a propósito de a qué Administración le corresponde actuar sobre un determinado espacio. El borrador dará pie a la elaboración de un "catálogo de carreteras" donde se especifique a qué organismo compete cada vía -no obstante, la mayoría pasarán a ser tuteladas por la Administración autónoma- y definirá por qué una administración tiene competencias y no otra. Vallejo comentó que en la actualidad no se puede determinar con exactitud las causas por las que una carretera es de ámbito autonómico o de la Diputación. Desde su punto de vista, esta normativa supondrá una "auténtica revolución". Como aspectos concretos de esas novedades detalló que desaparecerá el concepto de ley de carreteras para pasar a hablar de "dominio público viario", lo que afecta desde las vías de servicios a cualquier carretera convencional. Vallejo defendió que la normativa cierra un debate mantenido durante 10 años con las administraciones y "cambia radicalmente las competencias". Aportaciones económicas Pone "rigor y orden", a juicio del consejero, en algo que se consensuaba. Vallejo dijo que los convenios resolvían las actuaciones con aportaciones económicas de uno y otro organismo para la reparación de vías cuya tutela correspondía a las corporaciones provinciales. Éstas recurrían a la Junta para completar los recursos económicos. A partir de esta normativa, cabrá la posibilidad de que estos acuerdos se adopten en otra dirección. Vallejo explicó que la intención es cambiar los convenios de intervención por otros donde se prevea el mantenimiento. Como ejemplo, señaló los convenios "para la gestión de la conservación". Esto se referirá a lugares alejados de los centros más transitados -citó la Sierra de Segura- donde se hace necesario, por la dificultad del terreno, contar con un "buen parque de maquinaria" y una dotación de personal que permita actuar. La propuesta prevería una aportación económica de la Junta, que la Diputación gestionaría y que daría participación a los ayuntamientos en el diseño de los programas de intervención. La nueva legislación, según el consejero, será la que propicie este tipo de protocolos dado que al perder las diputaciones sus competencias sobre la mayor parte de la red queda "sin sentido" el actual procedimiento. Una vez que el consejo de gobierno dé su visto bueno, se sacará a información pública, para que las administraciones locales se pronuncien sobre esta regulación, aunque el consejero matizó que ha habido consultas previas. Una vez debatido en el Consejo de Administraciones Provinciales y Municipales, se abrirá el campo a otros sectores interesados, como los empresarios, y por último pasará al consejo consultivo con la intención de que en "febrero o marzo", según Vallejo, llegue al Parlamento.