14 municipios rechazan el trazado de Fomento para el AVE Madrid-Barcelona

Catorce ayuntamientos de Guadalajara situados en el corredor que encauza la carretera N-II de Madrid a Francia por Barcelona han constituido una plataforma para unir sus esfuerzos contra el trazado que Fomento y Medio Ambiente han propuesto para el AVE entre Madrid y Barcelona. No suman 2.000 habitantes, pero, teniendo en cuenta que la mayor parte de su economía gira alrededor de la carretera nacional, la construcción paralela de una infraestructura para trenes a más de 300 kilómetros por hora, con una salvaguarda de paso de más de 100 metros de ancho, supone una seria barrera que parte por la mitad los términos municipales.

Los afectados son Aldeanueva de Guadalajara, Valdenoches, Centenera, Torija, Trijueque, Muduex, Gajanejos, Ledanca, Almadrones, Mirabueno, Argecilla, Algora, Torremocha del campo y Alcolea del Pinar.Los alcaldes han mantenido desde hace meses conversaciones con Fomento y la Junta de Castilla-La Mancha para acordar un trazado menos lesivo para los intereses de sus municipios. "Durante el periodo de información pública del proyecto nosotros propusimos que la línea del AVE fuera lo más alejada posible de la carretera nacional", afirma Miguel Ángel García Bravo, alcalde de Torija y portavoz de la plataforma. Según les han informado desde Fomento, esa alternativa ha sido rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente en la declaración de impacto ambiental en la que eligió como definitivo el trazado más próximo a la carretera.

En el momento en que se ha procedido a levantar actas para iniciar la expropiación los alcaldes se han plantado. No quieren que se dé un paso sin resolver varios temas con los que no están de acuerdo. Para empezar, no aceptan el trazado, quieren alejarlo de la N-II. "Yugula totalmente las posibilidades de desarrollo de estos municipios y se coloca a menos de 100 metros de algunas urbanizaciones de segundas viviendas, como La Beltraneja. Parte en dos los términos municipales, sus caminos y todas las vías de comunicación", se queja García Bravo.

Tampoco están de acuerdo con el precio que presuntamente van a pagar por las expropiaciones. "Dicen que van a pagar 35 pesetas el metro cuadrado, cuando en otros sitios andan por las 200 o 250 pesetas. Si tenemos en cuenta que se trata de una franja de 70 kilómetros de largo por entre 50 y 80 metros de ancho, salen seis millones de metros cuadrados a expropiar. Nuestros abogados nos han recomendado que nadie firme nada si no cambian estas condiciones", insiste García Bravo, quien reclama también que todos los caminos existentes sean restablecidos al final de la obra y no se interrumpan las posibilidades de tránsito durante su ejecución.

La Junta de Castilla-La Mancha apoya estas reivindicaciones. La consejera de Obras Públicas, Araceli Muñoz, está pendiente de que el Ministerio de Fomento convoque una reunión en la que participen la propia junta y los afectados para alcanzar un acuerdo.

Muñoz solicitó este verano por carta la mencionada reunión tripartita a Albert Vilalta, que acaba de ser nombrado secretario de Estado de Infraestructuras. Un portavoz de Fomento ha reconocido que la entrevista está pendiente de fecha.