El Consell negocia con Pryca la apertura de un nuevo centro comercial en Benicarló
![María Fabra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff32ea01f-8a17-4642-b59c-6f7d5689ddd4.png?auth=08bb75c1c2441b902e44c0965c98cd4542b2cc362c9bffd1b3a3ee4a64390915&width=100&height=100&smart=true)
La Generalitat negocia con la firma francesa Pryca la apertura de un nuevo centro comercial en la localidad castellonense de Benicarló, que sería ubicado en los terrenos de la fábrica de Muebles Palau, cerrada hace más de un año y medio tras una suspensión de pagos. La oferta ronda los 1.050 millones de pesetas, aunque por el momento no se han negociado las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, que son los principales acreedores de Palau. La apertura de este centro comercial está condicionada, además, al compromiso de recolocar a un centenar de ex trabajadores o hijos de ex empleados de la citada fábrica. Pese a que no se ha fijado plazo alguno para culminar las negociaciones o fecha aproximada del inicio de las obras de acondicionamiento, el hecho de que el acuerdo de suspensión de pagos de Palau venza este año fija un límite aproximado en el tiempo. El vencimiento de este acuerdo supondría la necesidad del desembolso de una importante cantidad de dinero, lo que podría obstaculizar la apertura del nuevo centro. La posible ubicación de un centro comercial en estos terrenos comenzó a barajarse a principios de este año. La antigua dirección de Palau, el comité de empresa y representantes de otra firma francesa dedicada a las grandes superficies comenzaron a negociar con la Generalitat la ubicación de un centro en Benicarló. La oferta contemplaba la posibilidad de asumir a más de un centenar de los 230 trabajadores que se quedaron en la calle. Entonces, las negociaciones se situaron en torno a los 600 millones y a la creación de 150 empleos, pero además existía el compromiso total de proporcionar puesto de trabajo estable y contratos fijos a estos ex empleados de Palau. Esta negociación se frustró cuando el gobierno valenciano alegó estar en contacto con otra firma.
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