Justicia eficaz

El comienzo del año judicial acostumbra a ser una oportunidad para examinar el estado de salud de la justicia en nuestro país, analizar avances o retrocesos y diagnosticar en definitiva las patologías que afectan más directamente a los ciudadanos. El presidente del CGPJ, Javier Delgado, señaló en su discurso como enemigo público número uno de la justicia española la exasperante lentitud con que se resuelven los casos y se pronuncian las sentencias. No es difícil estar de acuerdo con esta apreciación. Ninguna comunidad puede desarrollarse de forma estable y sin sobresaltos si los pleitos se acumulan sin resolver, las sentencias no se dictan o los recursos se aplazan, mientras crece la irritación de quienes se ven obligados a recurrir a los tribunales. Todos los ejercicios sociales quedan afectados por esta disfunción, desde la actividad política hasta la cultural.En este sentido, la autocrítica contenida en el discurso del presidente del Tribunal Supremo excusa cualquier otra consideración. Efectivamente, es posible afirmar que en España existe ya "una tutela judicial efectiva", excepto en lo que atañe "al plazo razonable de duración del proceso". A menudo tiene que ver con la actuación obstruccionista de los acusados, pero es obligación de los legisladores reformar las leyes procesales para impedirlo. La irritante demora con que se sustancian los casos aumenta la sensación de desprotección legal de los ciudadanos y pone en riesgo el prestigio que los tribunales deben tener entre la población.

No basta con reconocer que los tribunales ponen a prueba la paciencia de los ciudadanos; la credibilidad del Estado y del poder judicial exige que se cuente con un plan de actuación para poner al día los juzgados y acabar con los casi 25.000 casos que quedan por resolver en el Supremo, los 19.000 pendientes en la Audiencia Nacional o los 273.000 expedientes irresueltos en los tribunales superiores de justicia, por mencionar las cifras conocidas. El discurso de Delgado fue menos preciso en esto, cuando lo que esperan oír los ciudadanos son propuestas de solución.

Para que este proyecto se haga efectivo hay que salirse de los problemas directamente corporativos y volver al terreno de la política. En la primera reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia planteó como terreno prioritario de consenso la reforma de la justicia, sin que hubiera respuesta de La Moncloa durante meses. Y cuando la hubo fue genérica y meramente de trámite. ¿Qué fue, por lo demás, del Libro Blanco de la justicia presentado hace un año por el CGPJ? El Gobierno tiene ahí al menos un punto de partida. Lo que no puede hacer es dejar que todo siga igual. Si hay un sector en el que la acción del Ejecutivo ha sido desastrosa -y no sólo por la politización-, éste ha sido el de la justicia. Su titular, Margarita Mariscal de Gante, brilla por la atonía y la mediocridad.

Todo esto no justifica, por supuesto, el plante de los representantes socialistas en la sesión de apertura del año judicial, como respuesta al comunicado del presidente del Supremo, a propósito de las reacciones políticas a la sentencia del caso Marey..