UGT y CC OO llaman embustero a Ruiz-Gallardón por negar su papel en el plan de mejora educativa

Las relaciones entre el Gobierno regional, del PP, y los sindicatos mayoritarios (UGT y Comisiones Obreras) se deterioraron ayer un poco más a cuenta del plan para la mejora de la escuela pública, los 118.000 millones adicionales que Ruiz-Gallardón y su consejero de Educación, Gustavo Villapalos, han prometido para la enseñanza no universitaria con la llegada de las transferencias. Villapalos difundió ayer una nota diciendo que no había "ningún acuerdo ni preacuerdo con esos sindicatos". Éstos apuntaron más alto: Ruiz-Gallardón es un "embustero", respondieron.

La situación parece derivar por los derroteros de la paradoja. El Ejecutivo autónomo guarda en la recámara un plan para paliar las carencias de la enseñanza pública que incluye inversiones por un montante total de 118.000 millones de pesetas para los próximos cinco años. No es ningún secreto: Villapalos esbozó su contenido en un pleno monográfico en la Asamblea el pasado 9 de mayo y Ruiz-Gallardón se refirió a él hace dos jueves, a la salida del Consejo de Gobierno. El plan ha gozado del apoyo indisimulado de CC OO y UGT, cuyos dirigentes le han dedicado frases muy elogiosas.Es decir, todos parecen estar de acuerdo en el fondo, pero ayer terminaron tirándose los trastos a la cabeza por una cuestión de forma que ninguno encuentra baladí. Los sindicatos dicen que el pacto escolar es fruto de una negociación, y quieren escenificar ese proceso con una firma en la que participen Ruiz-Gallardón y los secretarios generales en Madrid, José Ricardo Martínez (UGT) y Rodolfo Benito (CC OO). Por su parte, el Gobierno regional se atribuye la paternidad del texto y quiere enviarlo a la Cámara regional sin foto con los sindicatos de por medio.

A media mañana, las centrales sindicales presentaron el documento íntegro, con el análisis de la situación educativa en Madrid y el apéndice presupuestario en el que se desglosan los famosos 118.000 millones. Comisiones Obreras y UGT intentaban demostrar así que el texto para la financiación adicional de colegios e institutos era fruto de un largo proceso negociador entre la consejería y sus expertos en la materia.

Unas horas después, la respuesta de Villapalos llegó en forma de nota informativa. El consejero negaba cualquier acuerdo con estos sindicatos, "toda vez que no son los mayoritarios dentro del sector educativo de la Comunidad", y se remitía a su comparecencia en octubre, a petición propia, ante la Asamblea. El Gobierno autónomo explicará en la Cámara sus planes para la educación no universitaria y a partir de ese momento se reunirá con quien sea necesario.

Estas líneas tuvieron un efecto demoledor. El secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, atribuyó la respuesta directamente a Presidencia, y disparó: "Ruiz-Gallardón es un embustero. Está mintiendo, en el sentido más literal del término, y encima da muestras de cobardía personal".

Martínez reclamó una rectificación por parte del Gobierno. De lo contrario, dijo, no le quedará otro remedio que tachar a Ruiz-Gallardón de "auténtico irresponsable político". E hizo historia: "En mayo dio marcha atrás con el plan por la estabilidad en el empleo. En julio declaró -sin que nadie le dijera nada- que implantaría la jornada de 35 horas, y no lo ha cumplido. Ahora, lo de la educación. Es el peor presidente posible para esta Comunidad".

Su homólogo de CC OO, Rodolfo Benito, abundó en la "falsedad" de la nota regional. Su secretario de comunicación, Francisco Naranjo, creyó ver en todo el conflicto la mano de la ministra de Educación, Esperanza Aguirre. "A lo mejor le ha dicho al presidente madrileño que dé marcha atrás, que el pacto es muy avanzado y las demás comunidades autónomas pueden pedir lo mismo", aventuró. Y remachó: "Y, en clave interna, Antonio Beteta [consejero de Hacienda] también puede haber apuntado que con esos 118.000 millones no le salen las cuentas".

Para completar la sesión de réplicas y contrarréplicas, el portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Cobo, alzó la voz para advertirles a los sindicatos que no serán ellos quienes definan el calendario del Ejecutivo madrileño. "Las 35 horas son una apuesta decidida del presidente de la Comunidad, y la inversión de más de 118.000 millones de pesetas en educación, también. Lo que no va a admitir el Gobierno es que le impongan los plazos para llevarlo a cabo", aseveró, informa Efe. Según Cobo, las prioridades del PP son empleo, reequilibrio territorial, infraestructuras y educación.