La fiscalía amplía las imputaciones contra el alcalde de Pego por la destrucción del marjal

La fiscalía ha respaldado las imputaciones que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia ha realizado contra el alcalde de Pego, el independiente Carlos Pascual, y el concejal de Agricultura del municipio, José Orihuel (PP), por la destrucción del marjal de la localidad. El ministerio público también acusa a ambos cargos de un delito continuado contra el medio ambiente, pero amplía las acusaciones de la juez: considera que Pascual ha podido incurrir en un delito de agresiones, otro de amenazas y un tercero de malversación de caudales públicos. Según Acció Ecologista-Agró, el primer edil alienta, contraviniendo un auto judicial, la destrucción de un paraje protegido.

El responsable de Medio Ambiente de la fiscalía de Alicante, Ricard Cabedo, ha tardado más de un año en actuar en el conflicto judicial abierto por la devastación del marjal de Pego,pero su primera iniciativa no ha podido ser más contundente y añade varias imputaciones a las ya efectuadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia. La magistrada imputó a Pascual y Orihuel sendos delitos continuados contra el medio ambiente y la fauna y la flora protegidas. Según la juez, el alcalde y el concejal de la localidad de la Marina Alta auspiciaban la destrucción del paraje fomentando su uso como un arrozal. Cabedo ha apoyado estas imputaciones, y además de respaldar el auto judicial que debería impedir cualquier actividad agrícola en la zona, ha lanzado una ristra de acusaciones contra los responsables municipales y otras cuatro personas. El escrito presentado por la fiscalía imputa a todos ellos un delito de amenazas, otro de incendios, un tercero de agresiones y un cuarto de malversación de caudales públicos. Las conclusiones de Cabedo son contundentes: Pascual y Orihuel han intentado intimidar a los vecinos o ecologistas opuestos al cultivo de arroz en el marjal; han propiciado la quema de terrenos protegidos por ley para su explotación agrícola o han llegado a agredir a aquellas personas contrarias a sus tesis sobre el futuro del paraje. La acusación pública también acusa de estos delitos a otras cuatro personas, que junto a Pascual y a Orihuel serían corresponsables de dilapidar el dinero de la Administración. En opinión de Acció Ecologista-Agró, el Ayuntamiento de Pego ha dilapidado parte de sus recursos en fomentar el cultivo de arroz en el marjal, contraviniendo así un auto judicial. La organización ecologista no tiene dudas de que esta actuación es ilegal y, además, ni siquiera es rentable. Los datos de Agró aseguran que cada kilo de arroz extraído del marjal implica un coste de 800 pesetas, cifra muy superior al precio de mercado. 1.500 millones en daños La organización ecologista, personada como acusación particular en el proceso abierto en el juzgado de Dénia, ha respaldado todas y cada una de las acusaciones lanzadas por el fiscal, aunque ha complementado éstas con otras peticiones al instructor de la causa. Así, el letrado de Agró ha solicitado una fianza de 1.500 millones de pesetas al Ayuntamiento de Pego, como entidad que debería asumir la responsabilidad civil subsidiaria en caso de una sentencia contraria a sus tesis. Un estudio de la Universidad de Alicante ha cifrado en esa cantidad los daños causados en el marjal por algunos agricultores, que, en opinión de la entidad medioambiental, han dañado irreversiblemente un espacio protegido por varias directivas europeas con el apoyo del Ayuntamiento y la "permisividad" de la Consejería de Medio Ambiente. Agró solicita, por ello, la intervención urgente del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la resolución de un conflicto motivado por unas actuaciones contrarias al poder legislativo -vulneran una ley de las Cortes Valencianas- y al judicial, ya que hacen caso omiso de la decisión de un magistrado, que prohibió transformaciones en este paraje natural protegido.