Sostiene Savater

Sostiene Savater que "en el PSOE tienen actualmente un muy serio pan pan pan"; es decir, que está padeciendo "un contratiempo técnico grave, pero aún no desesperado". Y fundamenta esa afirmación en la negativa del partido socialista a aceptar la culpabilidad de José Barrionuevo y Rafael Vera dada por probada por el Tribunal Supremo.Creo que Savater tiene razón tanto en el pan pan pan como en el porqué del mismo. Para un partido político, no aceptar una decisión judicial es algo gravísimo. Cuando ese partido es, además, un partido clave para el funcionamiento del sistema político, el pan pan pan deja de ser un problema exclusivo del partido para convertirse en un problema general.

En ésas estamos. La condena e ingreso en prisión de José Barrionuevo y Rafael Vera es un problema para el PSOE, pero también para la sociedad española, como su tratamiento en los medios de comunicación a lo largo de esta semana pasada ha dejado claro de manera rotunda. Si el problema fuera exclusivamente socialista, no habría tenido el tratamiento y la repercusión que ha tenido. La condena e ingreso en prisión de Barrionuevo y Vera, nos guste o no, es un problema de toda la sociedad española y no sólo de una parte de ella.

Y es un problema de todos porque el proceso penal que ha conducido a su condena se ha instruido como se ha instruido y la sentencia ha sido la que ha sido. ¿Alguien ha discutido la instrucción y la sentencia que ha acabado conduciendo a la condena del ex director general de la Guardia Civil? ¿Alguien ha discutido la instrucción y la sentencia que en esa misma semana condenó al que fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Navarra durante ocho años? Cuando en un proceso penal la instrucción se hace por un juez subjetiva y objetivamente imparcial, cuando se respetan las garantías constitucionales del proceso penal en dicha instrucción y cuando la actividad probatoria de cargo en la fase del juicio oral destruye la presunción de inocencia "más allá de toda duda razonable", la decisión del órgano jurisdiccional no es que no la discuta, es que no la puede discutir nadie, excepto, naturalmente, quienes hayan sido condenados. El sentido de justicia que existe de manera difusa en la sociedad impide que pueda ser de otra manera.

Si el caso Marey hubiera sido instruido por un juez cualquiera y se hubieran respetado todas las garantías constitucionales de los acusados, y si la actividad probatoria en el juicio oral hubiera demostrado la culpabilidad de Barrionuevo y Vera más allá de toda duda razonable, ¿existiría el problema? ¿Podría el PSOE negarse a aceptar la evidencia? Si fuera indiscutible que la sentencia, como vienen diciendo el PP, IU, PNV, EA y el Abc y El Mundo, es un "triunfo del Estado de derecho", ¿podría el PSOE seguir manteniendo que Barrionuevo y Vera son inocentes? La presión social sobre el PSOE sería tan irresistible que no habría podido ni esbozar siquiera una actitud de este tipo.

El problema del caso Marey es que su instrucción no ha sido la instrucción exigible en un Estado de derecho y que la actividad probatoria en el juicio oral no ha destruido la presunción de inocencia de Barrionuevo y Vera "más allá de toda duda razonable". Ahí están los votos particulares, que no es que discrepen en la valoración de la prueba, sino que dicen que no hay prueba, que lo que los magistrados que han formado la voluntad del tribunal consideran prueba no lo es; y no lo es porque, de acuerdo con la doctrina científica generalmente admitida, es ésa la conclusión a la que hay que llegar.

Sin las dudas que existen en la sociedad sobre la instrucción del caso y el carácter poco concluyente de la actividad probatoria con base en la cual han sido condenados, nadie, excepto sus familiares y amigos más íntimos, hubiera podido acompañar a Barrionuevo y Vera. Y lo habrían hecho con la cabeza baja, rehuyendo la mirada de los demás ciudadanos y los objetivos de los profesionales gráficos. No se hubiera podido transmitir por televisión en directo el ingreso en prisión de la forma en que se hizo. Ni existiría la preocupación e incluso la congoja que existe respecto de dicho ingreso en prisión. Esto no lo hubiera podido generar el PSOE, aunque quisiera.

Tengo la impresión, tras leer tu artículo, que has interpretado la sentencia y los votos particulares desde un apriorismo que supone la negación de los fundamentos en los que descansa el proceso penal en el Estado constitucional. Ese apriorismo es el que expresas en el último interrogante con el que finalizas el párrafo en el que refutas la argumentación del PSOE de que Barrionuevo y Vera han sido condenados sin pruebas. Dice así: "¿Acaso alguien ha brindado explicaciones más convincentes de lo ocurrido que la versión aceptada por el Tribunal Supremo?". No sé si has sido consciente de que con este interrogante te cargas el proceso penal del Estado constitucional y te retrotraes al proceso penal del Antiguo Régimen como mínimo.

Porque lo que diferencia al proceso penal del Estado de derecho frente al proceso penal anterior es que los procesados no tienen que dar ningún tipo de explicación, ni más ni menos convincente, sino que únicamente tienen que defenderse de las acusaciones que se les hacen. Barrionuevo y Vera no tienen por qué dar una explicación alternativa a la ofrecida por la sentencia para justificar su inocencia. Porque la inocencia ni se explica, ni se justifica, ni se prueba. La inocencia se posee. Es un derecho subjetivo que tenemos por vivir en una sociedad democrática.

Éste, justamente, es uno de los problemas que plantea la sentencia: que no demuestra la culpabilidad, sino que exige de Barrionuevo y Vera que demuestren su inocencia. Una sentencia condenatoria no puede descansar en una explicación plausible o verosímil, sino en pruebas objetivas y contrastables. A nadie se puede condenar porque no "dé una explicación más convincente" que la que haya podido formarse el tribunal. Sin esto, Fernando, volvemos al proceso penal del Antiguo Régimen o todavía más lejos.

Por eso tenemos el problema que tenemos y por eso no es un problema exclusivamente del PSOE, aunque al PSOE le afecte más que a los demás. Tenemos en la cárcel a dos ciudadanos tras un proceso cuya instrucción ha sido, cuando menos, irregular y tras una actividad probatoria que dista mucho de ser concluyente y de destruir la presunción de inocencia "más allá de toda duda razonable". Si no hubiera ninguna duda en la sociedad, ¿estaríamos donde estamos y aceptaría la sociedad que el PSOE pudiera reaccionar como lo está haciendo? En la pregunta está la respuesta.

Por lo demás, estoy de acuerdo contigo en la cuestión del in

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dulto. Aunque iría más lejos. Si yo estuviera convencido de que Barrionuevo y Vera han sido condenados con pruebas y que la sentencia ha destruido su presunción de inocencia "más allá de toda duda razonable", me opondría al indulto, aunque lo pidieran. Si Barrionuevo y Vera han hecho lo que la sentencia da por probado que han hecho, entonces su sitio es la cárcel. Habrían traicionado la confianza depositada en ellos por la sociedad española y habrían contraído una deuda que tendrían que saldar. Tendrían que tener derecho a los beneficios penitenciarios que la legislación contempla y nada más. Si la sentencia fuera indiscutiblemente un triunfo del Estado de derecho, ¿por qué el indulto?

Lo que ocurre es que, tras haber leído tres veces la sentencia y los votos particulares, cada vez estoy más convencido de la inocencia de Barrionuevo y Vera y cada vez estoy más de acuerdo con su decisión de no solicitar el indulto.

No solicitar el indulto es la única forma que tienen Barrionuevo y Vera de afirmar su dignidad. La sociedad española a través de la sentencia del Tribunal Supremo no sólo los ha condenado a la pérdida de libertad y a la inhabilitación absoluta, sino que los ha equiparado a los demás condenados. Los ha estigmatizado oficialmente a todos por igual como personas indignas. La única diferencia que hay entre Barrionuevo y Vera y los demás condenados es que los primeros mantienen la convicción de su inocencia y los segundos no. Lo único que la sociedad no ha podido quitarle a Barrionuevo y Vera es la convicción de su inocencia. Todo lo demás se lo ha quitado.

Ésta es la razón por la que Barrionuevo y Vera no pueden pedir el indulto. En el momento en que lo soliciten, Barrionuevo y Vera habrán perdido el único elemento de dignidad personal que les queda. A partir de ese momento, no sólo serán oficialmente personas indignas, sino que pasarán a serlo también a sus propios ojos. Ya no será la sentencia la que los habrá equiparado a Amedo y Damborenea. Serán ellos, por voluntad propia, los que se habrán equiparado. Aunque siguieran proclamando su inocencia, la equiparación se habría producido. Y esto Barrionuevo y Vera no lo podrán aceptar jamás.

Y no lo podrán aceptar porque si lo hicieran no podrían volver a mirar a la cara a su mujer y a sus hijos, tendrían que bajar los ojos cuando se crucen por la calle con cualquiera de sus conciudadanos, no tendrían autoridad para hablar sobre nada, tendrían que vivir con la conmiseración de los demás, etcétera. Su petición de indulto sería su muerte civil. La compra de la libertad a ese precio sería mucho peor que la condena que se les ha impuesto. El indulto sólo puede ser aceptado por ellos, si es concedido como reparación por la injusticia que con ellos se ha cometido. Y así no es fácil que se les conceda.

Estoy, en consecuencia, de acuerdo contigo, Fernando, en que estamos en un pan pan pan. El PSOE más que los demás. Pero quienes no somos del PSOE también. La condena e ingreso en prisión de Barrionuevo y Vera afecta al sentido de la justicia en el que descansa la convivencia. Y el sentido de la justicia no puede ser objeto de transacción, como la tarifa tributaria, la semana laboral de las treinta y cinco horas, el número de medicamentos que quedan excluidos de la financiación por la Seguridad Social, o lo que sea. El sentido de justicia se comparte o no se comparte. Es una premisa inescindible de la convivencia pacífica. Cuando no se comparte estamos ante una falla profunda que no puede no acabar afectando a la estabilidad del edificio. En mi opinión, esto es lo que está pasando. Y la lectura de tu artículo ha venido a confirmármelo. Te llevo leyendo desde siempre y siempre con placer y casi siempre con un alto grado de coincidencia. Tu artículo del sábado me produjo una tristeza inmensa. Es posible que a ti te pasara lo mismo con mi columna del viernes. Discrepamos radicalmente nada menos que en el sentido de la justicia que debe presidir la convivencia. Lo que a ti te parece bien, a mí me parece una monstruosidad y a la inversa. Tengo la impresión de que esto está pasando de manera bastante generalizada en la sociedad española. Me temo que estamos ante señales de una fractura social, que sabemos cómo ha empezado, pero no cómo puede terminar.

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.