La escuela Hormaechea

Las prácticas del ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea, condenado a 14 años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, no constituyen un episodio aislado sino que, por el contrario, parecen haber hecho escuela en la región.Las últimas sospechas se centran en el alcalde de Comillas, el tránsfuga Pablo García Suárez, cuya peripecia personal se diría copiada de la de otro alcalde de la era Hormaechea, José Luis Rey Villa. Este edil de Arnuero, en la costa oriental de Cantabria, fue condenado a 14 años de inhabilitación por conceder licencias de edificación a empresas promotoras de las que era accionista y que construían en la playa o al borde de los acantilados de la población de Isla.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha sido recientemente ratificada por el Tribunal Supremo, por lo que este exmilitante de la Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA) ha tenido que abandonar el cargo. Según dicha sentencia, Rey Villa se dedicaba a coaccionar a los propietarios de terrenos que él apetecía para construir. Lo hacía amparado por la mayoría absoluta de que gozaba en la corporación, autoconcediéndose licencias de edificación, hasta el punto de que hubo momentos en que todos los apartamentos en venta en la zona de Isla eran de su propiedad o de sus socios.

Lo mismo ha sucedido en Comillas con el Conjunto Residencia Sobrellano, donde Pablo García Suárez concedió licencias a la constructora canaria Teneba S.A., con la que tenía negocios de copropiedad.

Entre los accionistas de las empresas del alcalde condenado de Arnuero estaban dos altos ejecutivos del Banco Santander, Eutiquio Fomperosa y Lorenzo Solana, mientras que a García Suárez se le acusa de buscar socios y testaferros para sus negocios.

La costa oriental de Cantabria era hace unos años un bocado de suelo urbanizable como lo es hoy día la zona de Comillas. El litoral limítrofe con Vizcaya quedó alfombrado de hormigón. Para entender esta especulación hay que tener en cuenta que, bajo los 15 años de mandato de Hormaechea, éste se ocupó de instaurar la singular figura del alcalde-constructor. Así pues, una gran mayoría de los alcaldes de la UPCA siguieron el ejemplo del expresidente. Los condenados o procesados por prevaricación han brotado como champiñones.

El desfile comienza con el último consejero de Economía y Hacienda, Manuel Pérez, un ex falangista. El TSJC le sancionó con dos años de inhabilitación y 25 millones de multa por retener ilegalmente los 573 millones de los Fondos de Compensación Municipal de 43 ayuntamientos.

Asimismo, el alcalde de Reocín, José Manuel Becerril (UPCA), giró visita a los tribunales y fue condenado a seis años de inhabilitación por pagar una multa personal de dos millones con dinero público.

Aparte de estas minucias, permanece el asunto de las licencias. El alcalde de Escalante, Roberto Castillo (UPCA), fue condenado por prevaricación. Otro alcalde, en esta ocasión del PP, en Campoo de Suso, Nicanor Gutiérrez, fue condenado por el mismo delito. Y el ex alcalde de Potes José Antonio Gutiérrez fue condenado por prevaricador y malversador de fondos públicos. Algunos otros, como el alcalde de Noja, Jesús Díaz, esperan sentencia.