Ibarretxe pregunta a Castilla y León si aceptará la voluntad de los treviñeses

El vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, reclamó ayer a la Junta de Castilla y León que manifieste de forma pública si piensa respetar la decisión de los treviñeses sobre su futuro. Ibarretxe respaldó con su presencia en el Trebiño Eguna la reivindicación de los ayuntamientos del enclave de convocar un referéndum para decidir si se integran en Álava o siguen dependiendo de Burgos. El mal tiempo deslució la fiesta celebrada en Argote, que recibió a unas 20.000 personas, 10.000 menos de las inicialmente previstas.

El Trebiño Eguna contó con una amplia representación institucional y política del País Vasco. PP y PSE no acudieron por entender que los partidos nacionalistas están forzando el conflicto. La cuarta edición de esta fiesta, promovida por el colectivo UDA Trebiño - firme partidario de la integración del Condado en Álava- tuvo un carácter más político que nunca. Por primera vez se celebró un mitin en el que participaron representantes de las siete cuadrillas de Álava, que son las organizaciones territoriales de la provincia. La parálisis de la comisión mixta Euskadi-Castilla y León, constituida para resolver el contencioso, y la celebración el pasado 8 de marzo de una consulta popular en el Ayuntamiento de Treviño -uno de los dos que integran el enclave- marcó la fiesta. La negativa de la Junta de Castilla y León a informar favorablemente sobre la celebración de un referéndum de desanexión ha atascado la vía del diálogo entre las dos comunidades. El vicelehendakari no quiso polemizar con la Junta castellana, pero en un tono firme le reclamó que diga públicamente si está dispuesta a aceptar la voluntad de los treviñeses, que quieren decidir en las urnas sobre su futuro. "El respeto es la clave. Todas las instituciones vascas van a respetar lo que digan los ciudadanos de Treviño. ¿Están dispuestas las autoridades castellanas a hacer lo mismo?", inquirió. Ibarretxe aclaró que el Gobierno vasco está elaborando el expediente para solicitar al Ejecutivo central el referéndum, un proceso que comienza con la petición de los dos ayuntamientos afectados, algo que ya han hecho. De momento, la única posibilidad que tiene el Gobierno vasco es seguir la vía del artículo 8.1 del Estatuto de Gernika, que recoge los procesos de anexión, ya que la Junta de Castilla y León se opone al referéndum. Este veto hace que el proceso quede empantanado, puesto que el Estatuto de Gernika y el de Castilla y León son leyes orgánicas, es decir, tienen el mismo rango y ninguna es superior a la otra. Por su parte, el diputado general de Álava, Félix Ormazabal (PNV), se mostró dispuesto a negociar plazos para el proceso de desanexión, fórmula esbozada en su día por el PSOE. Ormazabal puso como condición que la Junta castellana exprese antes que respeterá lo que decidan los treviñeses en el referéndum. El consejero de Vivienda del Gobierno vasco, Patxi Ormazabal (EA), sugirió que si no se tratara del País Vasco, el conflicto ya se habría solucionado. "A algunos les interesa mantener la brecha abierta", dijo.