¿Quién pone el dinero?

La voluntad política de la alcaldesa es inequívoca. Garantizada la financiación del soterramiento del tren a su paso por la ciudad, su preocupación es dar con la fórmula económica más saludable para el levantamiento de esta infraestructura pública. El precio del puente, según los cálculos del anteproyecto de 1993, ascendía a los 20.000 millones de pesetas. Ahora puede haberse duplicado. La contención del déficit público en las cuentas nacionales impide que los Presupuestos Generales del Estado contemplen una inversión de tal calibre. Ante esta limitación de las arcas públicas, la alcaldesa apuntó la posibilidad de abogar por el conocido "modelo alemán" -la empresa constructora adelanta el dinero, que recuperará mediante consignaciones plurianuales en los presu-puestos-. Un sistema financiero que ha sido expresamente prohibido por la Unión Europea por entender que es una forma de encubrir el déficit público. Ante este panorama desalentador, emerge una opción de la que nadie quiere oír en la Bahía de Cádiz: un nuevo peaje. "Peaje blando", según Martínez, que pagó con un buen chaparrón de críticas su atrevimiento al apuntar en esta dirección en una sociedad muy sensibilizada por el coste de los peajes -autopista Sevilla-Cádiz hasta el 2019 y hasta 1982 el puente José León de Carranza-. Sabedora del coste político de esta posibilidad, la primer edil municipal rehuye pronunciarse sobre el asunto. "No soy experta en financiación", se justifica, desde entonces. La incógnita, sigue sin ser despejada. Tampoco está claro que la Bahía de Cádiz disfrute de esta infraestructura en un plazo inmediato. El tercer acceso, según el responsable del proyecto, José Luis Manzanares, no estaría listo, en el mejor de los casos, antes del 2005. Eso siempre que el Gobierno lo aprobara enseguida