"La sentencia del "caso Marey" es un error promovido por Conde y Cascos"

En cuanto el PSOE ha culpado a José María Aznar del ingreso en prisión de José Barrionuevo y Rafael Vera, la respuesta de los populares ha sido señalar a Juan Alberto Belloch, ex ministro socialista de Justicia e Interior, como el responsable del encarcelamiento.Pregunta. ¿Le crea mala conciencia que sus adversarios, y no pocos de sus compañeros de partido, consideren que el encarcelamiento de Barrionuevo y Vera se deriva, en parte, de que usted dejó de pagar el silencio de Amedo y Domínguez?

Respuesta. Yo no tuve que tomar esa decisión. Lo más llamativo de la respuesta que ha dado a mi posición en este asunto el PP es que parte de un profundo cinismo moral: nos acusan a Felipe González y a mí de no cometer un delito de malversación de fondos públicos. Quieren ver el origen de este forzado error judicial en no haber cedido al chantaje de unos delincuentes confesos. Cuando esa acusación prende en personas ajenas al PP, me duele y sorprende. Cuando procede del PP, me parece explicable: empiezan a percibir que la técnica de enviar a prisión a sus adversarios puede tener para ellos costes incluso electorales. Y en ellos, la conciencia electoral suple la ausencia de conciencia moral.

P. ¿Por qué dice que hay un error judicial y que la sentencia del caso Marey es injusta?

R. Porque el Tribunal Supremo ha inventado una doctrina sobre la prescripción de los delitos que contradice su propia doctrina. Porque desconoce la nulidad radical de buen número de actuaciones procesales. Y porque no existe prueba procesal de cargo con las debidas garantías al basarse la condena, de manera exclusiva, en las declaraciones de coimputados.

P. ¿Por qué siete magistrados del Supremo no comparten esas apreciaciones y emiten una sentencia condenatoria?

R. Se ha cometido una injusticia por error. No cuestiono la honorabilidad de nadie. La mayoría de la sala ha preferido la interpretación más forzada, pero que mejor se ajusta a la doctrina Cascos. Consideraron que políticamente no le convenía al Supremo absolver a Barrionuevo y Vera porque ello desencadenaría la descalificación, salvajemente anunciada, de una parte del PP y de Pedro J. Ramírez [el director de El Mundo] y su mundo de influencia.

P. ¿Está diciendo que ha sido una sentencia política o influida por criterios políticos?

R. Yo pienso que sí, y que el Supremo ha actuado por consideraciones de política judicial, por entender que el dictar una sentencia absolutoria podría perjudicar su prestigio institucional. En esa línea, el PP y Pedro J. habían trabajado de manera persistente y enérgica.

P. ¿Hubo una relación entre el ingreso en prisión de Mario Conde y la orden de prisión preventiva contra Sancristóbal y otros ex altos cargos de Interior que luego testificaron contra Barrionuevo y Vera?

R. Digamos que hay muchos lazos intermedios. No se trata de una relación causal directa, pero es evidente que Mario Conde se configura como el sostén económico de la operación...

P. ¿Quiere decir que pagó a testigos y compró información?

R. Sí. Y Pedro J. fue el sostén mediático, el que dirigió la operación de cobertura mediática, violando el secreto sumarial, propiciando un trato benigno a quienes acusaban a sus superiores...

P. Si fue así, requirió la colaboración del juez instructor...

R. Si no de manera premeditada, sí que la actuación del instructor propicia ese resultado. Y, finalmente, Cascos aporta la cobertura política, porque actuando por orden de Aznar garantiza, a través de Pedro J., el indulto a quienes acusen a sus superiores.

P. Pero, entonces, ¿la sentencia constituye un error judicial o un veredicto determinado por unos datos, aportados de manera interesada?

R. Es un error judicial basado en datos elaborados por Conde, Cascos y Pedro J.

P. Si esos datos no tuvieran la menor veracidad, ¿es imaginable que hubieran sostenido una sentencia condenatoria?

R. Es posible, en términos jurídicos, construir una sentencia condenatoria. Lo que sostengo es que en este caso construir tal sentencia condenatoria ha obligado a forzar la jurisprudencia y el derecho. Si pensara de otro modo, no hablaría de error, sino de prevaricación, cosa que no hago.

P. Entonces, usted tiene pocas dudas de que el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional merece ser atendido.

R. Habría que ver los términos exactos del recurso, que desconozco. Pero, en todo caso, hay una vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, debería prosperar un recurso de amparo bien formulado.

P. Si le hubieran propuesto firmarlo, ¿lo habría hecho?

R. Si me lo hubieran pedido, no me habría importado.

P. Y el que no se lo hayan pedido, ¿no tiene también algún significado hacia usted?

R. Ninguna firma podría aportarles más después de contar con la de Felipe González.

P. ¿Le parece acertado que él haya firmado esos recursos?

R. Me parece que, por encima de todo, es una expresión de solidaridad y de su voluntad política de combatir en primera línea contra una injusticia. Creo que lo ha hecho por razones de principio más que de utilidad u oportunidad. P. La forma en que el Gobierno está invitando a Barrionuevo y Vera a pedir el indulto, ¿es una forma de emplazarles a que reconozcan públicamente una culpa?

R. Quisiera pensar que no, pero efectivamente suena a que quieren, ante todo, infligir una humillación a unos adversarios. Tengo que aclarar que en absoluto es un requisito pedir el indulto para ser indultado. Este Gobierno está indultando a muchos insumisos que no lo han solicitado.