Un nuevo modelo para Portugal

Los socialistas portugueses han iniciado en pleno verano la campaña para enfrentarse al desafío político más importante de esta legislatura: la división del país en ocho regiones administrativas. Los socialistas sostienen que esta descentralización del poder, completamente alejada del modelo autonómico español, racionalizará la Administración pública, acercará los problemas a los centros de decisión y, en contra de lo que dicen sus detractores, no aumentará el gasto público ni la burocracia. La derecha, que aprobó por unanimidad la Ley de las Regiones en 1991, se opone ahora al proyecto socialista y defiende una alternativa descentralizadora sin regionalizar el país. La solución llegará, de nuevo, a través de un referéndum, previsto para el día 8 de noviembre.Como ocurriera con la despenalización del aborto, la sociedad portuguesa vuelve a registrar una profunda división de opiniones, en este caso sobre un asunto de trascendental importancia para su futuro.

Así, el ex presidente portugués y líder histórico de los socialistas lusos, Mario Soares, se opone abiertamente a la ya calificada como "reforma del siglo" y el dirigente del Partido Social Demócrata (PSD, de orientación liberal conservadora), Pedro Santana Lopes, contradice la línea oficial de su grupo, que está en contra del proyecto.

La implantación de este modelo político está reconocido en la Constitución portuguesa de 1976, que creó las regiones autónomas de Madeira y Azores, pero nadie se había atrevido a dar el paso definitivo. El secretario de Estado adjunto al primer ministro y coordinador del Partido Socialista (PS), Antonio José Seguro, cree que la la actual oposición del PSD a la regionalización del país "constituye una completa hipocresía política. El líder de los socialdemócratas, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido siempre un regionalista convencido, pero ahora necesita soñar con una victoria política antes de las legislativas del próximo año y busca obsesivamente el enfrentamiento con el Gobierno; no es una cuestión de convicciones políticas o de pensar en el país, sino una pura estrategia electoral". El asesor del primer ministro añade que los socialdemócratas defienden ahora el "así no", pero han tenido "desde mayo de 1996 hasta este año, en que aprobamos el mapa regional, para plantear el modelo que querían y nunca lo han hecho".

El proyecto socialista, que será refrendado a principios de noviembre, prevé la creación de ocho regiones administrativas que contarán, cada una, con dos órganos directivos: la Asamblea y la Junta regionales. Las asambleas estarán compuestas por 50 miembros sin poder legislativo ni salario fijo, dado que sólo cobrarán por asistencia a los plenos, que no podrán reunirse más de 24 veces por año. La Asamblea elegirá a la Junta regional, que estará compuesta por cinco miembros, a excepción de las de Lisboa y Oporto que tendrán siete. En total serán creados 44 nuevos puestos políticos que, a juicio de Seguro, "no supondrán un gasto superior a los 400 millones de pesetas al año, sin contar con que el proyecto hará desaparecer a diez gobernadores de distrito de los 17 actuales; probablemente con el ahorro de esos diez sueldos podrá financiarse una parte importante de los nuevos".

El asesor del primer ministro sostiene que el proyecto no provocará un aumento de los impuestos ni de la burocracia, mientras se conseguirá "una mejor planificación de las inversiones públicas y se racionalizará la Administración". En opinión de Seguro, "la actual Administración pública está organizada de forma incoherente: algunos ministerios están distribuidos por distritos, otros no; el sistema está descontrolado y el nuevo proyecto ordenará esta confusión". Seguro recuerda que 13 de los 15 países de la Unión Europea están divididos en regiones.

Por su parte, el líder de los socialdemócratas, Marcelo Rebelo de Sousa, ha propuesto una alternativa descentralizadora sin división en regiones. Rebelo de Sousa defiende ahora una ampliación de las competencias de los ayuntamientos y la creación de nuevas áreas metropolitanas con mayor responsabilidades en la ordenación del territorio, los transportes, la salud o el turismo.

La solución llegará nuevamente a través de un referéndum en el que los portugueses deberán responder a dos preguntas: si están de acuerdo con la regionalización en general y, después, si aprueban el mapa acordado entre socialistas y comunistas (ocho regiones). El primer ministro portugués, Antonio Guterres, ya ha adelantado que el Gobierno está dispuesto a modificar el mapa si así lo decidieran los portugueses en la segunda pregunta. Si la respuesta es no al proyecto en general, Guterres ha explicado que eso no supondría la caída del Gobierno. El presidente, Jorge Sampaio, ha solicitado un uso responsable de las consultas.