La asignatura exterior de la Ertzaintza

"¿Quién y por qué les autorizó a sobrepasar la frontera francesa?". A esta reiterada pregunta han tenido que contestar los cinco ertzainas que declararon la semana pasada ante un juzgado francés de Bayona acusados de detención ilegal. La cuestión de fondo no es otra que el reconocimiento de la Ertzaintza como policía integral también fuera de España y, por tanto, su derecho a internarse en territorio francés durante la persecución de un "delito flagrante", como recoge el artículo 41 del Tratado de Schengen. Las condiciones de adhesión se negociaron entre los países limítrofes, y en el caso de Francia y España son la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los funcionarios de Administración Aduanera los cuerpos reconocidos como posible ejercientes de ese derecho a no detenerse en la frontera en el curso de una persecución en caliente a unos delincuentes. No obstante, desde el Departamento vasco de Interior se recuerda que la Ertzaintza es la que tiene adjudicada la persecución de la mayoría de los delitos en Euskadi y que, por tanto, es la policía que en la mayoría de los casos podría verse en la necesidad de utilizar esa prerrogativa.

Disparos intimidatorios

Los cinco ertzainas interrogados la última semana de agosto en el juzgado de Bayona son los componentes de tres de las seis patrullas policiales que cruzaron la frontera el 15 de abril de 1996 persiguiendo a un turismo francés que creían estaba ocupado por un comando de ETA. El incidente comenzó cuando el vehículo se saltó un control de alcoholemia que la Ertzaintza había montado en la localidad guipuzcoana de Oiartzun y atropelló a uno de los agentes que le dio el alto. Una patrulla salió en su persecución y llegó a hacer varios disparos intimidatorios. Más tarde, el automóvil se saltó otro control y otras cinco patrullas policiales se sumaron a la persecución. En el momento en el que los ertzainas intuyeron que intentaba alcanzar territorio francés solicitaron permiso de sus jefes para atravesar la frontera. Poco despues, los dos ciudadanos franceses que lo ocupaban sufrieron un accidente en Hendaya, instante en el que fueron detenidos por los ertzainas.Los arrestados fueron entregados a los agentes de la Policía Nacional francesa que acudieron al lugar, a quienes los policías vascos explicaron lo sucedido. Desde la fecha del incidente, los cinco ertzainas han prestado declaración judicial en tres ocasiones, la última esta pasada semana, momento en el que se les comunicó que estaban imputados de los delitos de "arresto arbitrario" y "violencia voluntaria cometida por agente de la autoridad".

No se descarta que en los próximos días sean llamados a declarar como testigos otros dos ertzainas: el agente atropellado por el vehículo francés y el jefe de la comisaría de Irún en el momento de los hechos. Los agentes de la policía vasca han tenido que explicar detalladamente por qué pasaron la frontera, quién les dijo que podían hacerlo, cómo y cuándo obtuvieron la autorización y otros muchos detalles de la persecución. Todos ellos afirmaron que cruzaron el paso fronterizo en la creencia de que actuaban legalmente, al amparo del Tratado de Schengen, que permite la incursión de 10 kilómetros en territorio extranjero durante la persecución en caliente de un listado de delitos, entre los que se incluye el de fuga a raíz de accidente con resultado de muerte o heridas graves, además de otros como asesinato, violación, incendio o robo.

El Departamento vasco de Interior no tiene dudas al respecto y recuerda que cuando se produjo el incidente el entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloch, apoyó la actuación de la Ertzaintza por considerar, como recoge la ley, que forma parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque con dependencia de un Gobierno autónomo.

El problema radica en que la justicia francesa, como demuestra este caso, no la considera una policía estatal. Una falta de reconocimiento que se repite en las altas instancias policiales y judiciales de Francia a la hora de la interlocución y transmisión de información sobre la lucha contra ETA. Aunque desde el departamento que dirige Juan María Atutxa se han denunciado trabas y maniobras obstruccionistas por parte del Ministerio del Interior, lo cierto es que el espíritu jacobino de la Administración francesa hace que sus funcionarios prefieran mantener la relación con los representantes del Gobierno de Madrid.

Este reconocimiento exterior es una de las cuestiones que máspreocupa en la dirección de la Ertzaintza, un cuerpo que cuenta en estos momentos con 7.300 agentes y que el consejero Atutxa quiere ampliar con una nueva promoción de 500 policías en previsión de las futuras vacantes por razones de edad, salud o invalidez, entre otras. Otro asunto pendiente de resolver con el Ministerio del Interior en el seno de de la Junta de Seguridad del País Vasco, un órgano paritario que no se reúne desde el 30 de julio de 1996, es la presencia de la Ertzaintza en la Comisaría de Biriatou, un centro policial intenacional compartido por la fuerzas de seguridad españolas y francesas. El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, se mostró recientemente favorable a la demanda de la policía vasca, ya que, en su opinión, "no tiene ningún sentido que en la comisaría conjunta no estén presentes policías integrales como la Ertzaintza que se encuentran al otro lado de la frontera". Este aspecto, así como el intercambio de datos informáticos con el resto de cuerpos policiales, son dos de los pasos que la Ertzaintza considera imprescindibles.

Falta de acuerdo

La falta de acuerdo, hasta el momento, ha hecho que la Junta de Seguridad se haya reunido una sola vez desde que el PP gobierna a pesar de que motivos no han faltado, como el enfrentamiento entre el ministerio y la Consejería de Interior sobre el servicio de protección que debía ofrecerse a los cargos públicos del PP en Euskadi tras las ofensiva de ETA contra concejales del PP o el grave tiroteo por confusión entre ertzainas y guardias civiles en el barrio bilbaíno de Deusto el 28 de febrero de 1997.