El PA pide a la Junta que intervenga y asuma las competencias urbanísticas de Marbella

Los andalucistas están dispuestos a ir hasta el final en la polémica por el rechazo de la revisión del PGOU de Marbella. El diputado de esta formación Ildefonso Dell"Olmo pidió ayer a la Junta que asuma las competencias urbanísticas de Marbella y aplique para conseguirlo el artículo 60 de la Ley de Régimen Local, que faculta a los gobiernos central y autónomico a sustituir a los ayuntamientos si incumplen reiteradamente las obligaciones impuesta por ley. Dell"Olmo justificó esta medida en el deterioro de la imagen de la Costa del Sol y en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de los inversores.

Dell"Olmo, portavoz adjunto del PA en el Parlamento, explicó que el deterioro de Marbella por la disparatada política de su alcalde, Jesús Gil, está arrastrando a la Costa del Sol, ya que el famoso municipio malagueño es el buque insignia de esta zona turística y el principal baluarte de su proyección internacional. El andalucista recordó que Gil se ha saltado reiteradamente la legalidad, y no sólo en materia urbanístisca y señaló: "Es hora de que la Junta intervenga con medidas concretas porque el clima degrada la imagen de Marbella y los promotores están presos y nerviosos por la falta de seguridad jurídica". Dell"Olmo aseguró que la Ley de Régimen Local permite la intervención del Gobierno autónomo en "casos excepcionales". Dell"Olmo se refirió al artículo 60 de esta normativa que dice: "Cuando una entidad local incumpliera las obligaciones impuestas directamente por ley, de forma que tal incumplimiento afectara al ejercicio de las competencias de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma (...) una u otra deberá recordarle su cumplimiento (...) Si transcurrido un plazo (...) el incumplimiento persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a costa y en sustitución de la entidad local". La lectura que hacen los andalucistas de este artículo es que la Junta podría sustituir en materia urbanísticas a Jesús Gil si éste no respeta las competencias autonómicas y se muestra pertinaz respecto a la desobediencia civil de sus dictámenes. Otra opción, más radical, también recogida en la Ley de Régimen Local en el artículo 61, es disolver los órganos de la corporación marbellí, a iniciativa del Consejo de Ministros y de la comunidad autónoma y previo acuerdo del Senado, para convocar posteriormente elecciones parciales. El portavoz adjunto del PA en la Cámara andaluza dijo que esperar a que los tribunales de justicia se pronuncien después de un largo plazo perjudicaría enormemente a los ciudadanos y Marbella se encuentra en una estado "límite": "Está en manos de un grupo de especuladores que pueden llevar a la zona costera a la ruina y marcharse". Según fuentes consultadas de la Junta, la propuesta del PA se sitúa en el ámbito de las relaciones de la Administración autonómica y la local y escapa de lo puramente urbanístico, por lo que se debería de discutir en ese marco. Lo que sí puede iniciar ya la Junta en esta materia es la retirada de una serie de competencias -delegadas expresamente por Obras Públicas a una serie de ayuntamientos (unos 200) a través del decreto 77/94- de rango complementario. Hasta ahora sólo un ayuntamiento ha sido desprovisto de estas atribuciones por su mal uso en un plan general: el municipio sevillano de Castilleja de Guzmán.