Las trabas legales paralizan la venta de los aparcamientos de residentes
La venta de plazas de aparcamiento de residentes sigue sin arrancar. Los problemas legales que acarrea transformar en privado un bien que siempre ha sido público (el subsuelo), a fin de que la propiedad pase a un particular, están atascando un proceso que el Ayuntamiento ha prometido empezar en varias ocasiones. La primera, en noviembre de 1996, cuando los responsables municipales aseguraron que la venta comenzaría "en varias semanas". En total, esta medida afecta a 70.000 personas, que, cuando todo esté solucionado, podrán comprar para siempre, y pasar a sus herederos, una plaza que ahora disfrutan en régimen de concesión municipal por 75 años.Los abogados municipales y un equipo de juristas que contrató el Ayuntamiento para encargarse de la gestión siguen aún enfangados en los recovecos legales que permitan, sobre todo, definir lo que es un PAR (aparcamiento para residentes). "Como es una figura nueva, cuesta mucho limitar y acotar legalmente qué es un aparcamiento para residentes, y en eso estamos", explicó José Manuel Pradillo, director de Servicios de Transportes y Aparcamientos. El municipio, con todo, ya ha dado algunos pasos: habilitar una oficina en la calle Mayor para tramitar los expedientes. Pero hasta ahora no se ha terminado ninguno. El concejal de Circulación, José Ignacio Echeverría, del PP, aseguró que "hay que hacer despacio esta operación, porque es compleja. No podemos tramitar esto deprisa y corriendo, porque es un cambio jurídico importante, y por eso se retrasa. Es una cuestión técnica, y no puede estar influida por intenciones políticas para acelerar el proceso", añadió. El edil concluyó que la intención del Ayuntamiento es que, cuando todo esté listo, "el ciudadano sólo tenga que ir a la oficina municipal y estampar su firma". El vecino que opte por comprar la plaza en propiedad deberá pagar 100.000 pesetas (cuando la adquirió en concesión, abonó de 700.000 a 2 millones de pesetas).
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"Un experimento"
El municipio asegura esta vez que la venta se iniciará en enero
En el citado pleno de finales de noviembre, el concejal Eugenio Morales (PSOE), tras pronosticar todo tipo de calamidades con la nueva medida, aseguró: "El Ayuntamiento está haciendo un experimento, un poco a ver qué sale, porque esto no se ha hecho en ninguna parte de España". El edil socialista empezó luego a preguntar qué pasaría en el caso de que las raíces de un árbol callejero invadieran la plaza de aparcamiento de un señor particular, o cuando las tuberías del gas o del agua tuvieran que pasar por el garaje de otro. El concejal de IU Justo Calcerrada acusó entonces al PP de "dilapidar un patrimonio de todos con unas consecuencias que no se pueden prever".Los responsables municipales del PP respondieron a todas estas acusaciones con el argumento de que contaban con informes jurídicos que avalaban la operación. Un mes antes de aquella discusión, los concejales del equipo de gobierno y de la oposición se enconaron en otro debate plenario que tenía por objeto aprobar la contratación de una empresa de abogados que se encargara de tramitar la enajenación de los aparcamientos. El PP sostuvo que necesitaba a los juristas privados porque no contaba con funcionarios suficientes para llevar adelante todo el proceso de la venta. Tanto IU como el PSOE aseguraron que esa contratación encarecería el proceso y que todo el recargo lo iban a pagar los ciudadanos. El edil socialista Enrique Tierno recomendó a los afectados que, cuando les tocase firmar la transacción, mirasen "la letra pequeña del contrato, porque tendrán que pagar gastos extras, como la luz y todas las reparaciones".
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