Obras Públicas multa con 10,5 millones a un edil del PP de Xàbia por construir sin licencia un supermercado

La construcción en suelo urbano sin plan parcial ni licencia municipal de un supermercado le ha acarreado al concejal crítico del PP de Xàbia, el arquitecto Francisco Manzanaro, una sanción de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de 10,5 millones de pesetas. Esa misma cantidad se le exige a la mercantil Mercadona, S.A., responsable, como promotora de las obras, de la misma infracción urbanística. Ambas multas suponen la "revocación parcial", como advierte el expediente, de las sanciones de 38,5 millones que dictó, en 1991, la consejería al estimar que las obras de construcción del supermercado constituían una falta grave y que "no eran legalizables". De hecho, la consejería admite ahora que, cuando en 1989 inició el expediente, "entendió erróneamente que las obras sancionadas se estaban ejecutando en suelo urbanizable y en contra del uso del suelo". De ahí que estimase que la infracción era grave y estableciese una sanción del 15% de los 211 millones en que se evalúa la construcción. Las primeras multas motivaron que tanto Manzanero como Mercadona interpusieran un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que en enero de 1997 advirtió que la multa que debía imponérseles era del 5% del valor de las obras, toda vez que, según la normativa urbanística, éstas sí eran legalizables, y de hecho el Ayuntamiento de Xàbia concedió la licencia en 1991. A raíz de esa sentencia el edil crítico y la empresa solicitaron a la consejería que rectificara su primera resolución sancionadora. Pese a aceptar esa "revocación parcial" y rebajar las multas a 10,5 millones, la Coput precisa en el expediente que cinco días antes de que la revisión del Plan General de Xàbia declarase ese suelo como urbano y le aplicara una ordenanza que hacía compatible el uso comercial, "las obras se encontraban en fase de excavación y forjado de sótanos". A pesar de que el PP cuenta con mayoría en Xàbia, Manzanaro, el portavoz municipal, Francisco Mestre, y el ex presidente local del partido, Jaime Soler, ejercen tareas de oposición al gobierno tripartito que forman PP, BNV y CDS. Los tres fueron cesados en enero por el alcalde, el también popular Juan Moragues, quien adujo que su decisión obedecía a la convergencia de intereses que, a su juicio, habían demostrado los ediles con la promotora Nou Fontana. Esta empresa presentó un proyecto que incluía más viviendas de las permitidas por el Plan General y el sector crítico defendió su ejecución y se aferró al argumento de que la mercantil, a cambio de ventajas urbanísticas, iba a construir un puerto deportivo con 150 amarres. Pese a que, tras la intervención de la ejecutiva regional del PP, Moragues aceptó que los tres concejales volvieran al gobierno, éstos dimitieron al considerar que sus nuevas competencias eran irrisorias. Poco después, una nueva controversia sacudió la estabilidad del PP y propició que la ejecutiva regional nombrara una gestora para resolver la crisis. En esa ocasión, trascendió un documento en el que Manzanaro renunciaba a la dirección de los trabajos de ampliación de una vivienda de Moragues y argüía que las obras carecían de licencia municipal y eran difícilmente legalizables.