La fiscalía militar investiga la existencia de una "caja b" en una factoría de la Armada

La fiscalía del Tribunal Militar Central ha abierto una investigación para aclarar la presunta existencia de una caja b o fondo económico fraudulento en la Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Armada, en Madrid. Las diligencias informativas se han abierto después de que la fiscalía recibiese más de 40 documentos de los que se deduce la presunta existencia en dicha unidad de una contabilidad irregular, expresamente prohibida, que sólo entre octubre de 1992 y mayo de 1993 se habría beneficiado de ingresos superiores a los 25 millones de pesetas.

La Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central, en la calle Trinquete de Madrid, suministra alimentos a todas las dependendencias de la Armada en la zona centro de España, además de otras instalaciones militares, por lo que cuenta con medio centenar de empleados, entre militares y civiles, y realiza compras por encima de los 100 millones mensuales.La documentación en poder de la fiscalía incluye la contabilidad manuscrita de un fondo irregular que habría existido, al menos, entre septiembre de 1992 y mayo de 1993 y entre octubre de 1995 y mayo de 1996. En el primer periodo, la contabilidad refleja ingresos por un importe total de 25.209.153 pesetas y gastos por 23.088.381. En el segundo, la cantidad registrada es muy inferior: 2.008.391 pesetas de gastos y 1.284.596 de ingresos. De las anotaciones contables se deduce que este fondo se dedicaba a atender pequeños gastos de funcionamiento de la factoría, pero también a pagar dietas y gratificaciones irregulares a parte del personal de la unidad. En ocasiones sólo aparece la palabra "facturas" junto a desembolsos de hasta cuatro millones, por lo que resulta difícil conocer su destino último.

La clave "rapel"

Respecto al origen de los fondos extrapresupuestarios, en la contabilidad figuran dos tipos de ingresos: unos, bajo la rúbrica "gasto por menos", que parecen corresponder a la diferencia entre los gastos de funcionamiento declarados y los realmente desembolsados (por ejemplo, reteniendo el coste del rancho del personal que está destinado en la factoría pero no lo consume) y otros, consignados junto a la clave "rapel".Esta última palabra -que designa el descuento obtenido por comprar en grandes cantidades- figura siempre junto al nombre de alguna de las empresas suministradoras.

El sorprendente hecho de que la factoría recibiera ingresos, a veces millonarios, de sus proveedores de carne, pescado o bebidas podría sugerir el pago de comisiones, aunque los documentos en poder de la fiscalía apuntan más bien al beneficio de una operación de maquillaje ficticio de los precios.

Así se deduce de tres faxes de junio de 1993. En el primero, una firma suministradora de pescado facilita los precios de sus productos. En el segundo, otra empresa del sector ofrece precios superiores para el mismo género. El tercero corresponde de nuevo a la primera firma, pero los precios han sido elevados para acercarse, sin igualarlos, a la competencia.

Las anotaciones manuscritas de los folios mecanografiados sugieren que la corrección de los precios la hace el suministrador por indicación del encargado de las compras, que provoca un alza ficticia, pero no escandalosa, ya que se mantiene a medio camino entre la oferta más cara y la más económica, lo que dificulta su detección.

La diferencia entre el precio que figura en el tercer fax, que sería el declarado oficialmente, y el que aparece en el primero, que se correspondería con lo pagado, genera un beneficio que iría a engrosar la caja b.

De confirmarse esta mecánica -que sólo aparece en la contabilidad correspondiente a los años 1992 y 1993-, se trataría de un fraude multimillonario a la Armada, que pagaría un sobreprecio por los productos.

La existencia de irregularidades económicas en la Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Armada ya fue denunciada por El Mundo en junio de 1996. En aquel momento, sin embargo, no se aportaron pruebas y el Ministerio de Defensa ordenó una investigación interna que fue archivada sin detectar anomalías.

Durante la época en que tuvieron lugar estos hechos los responsables de la factoría eran el comandante de Intendencia J. I. L. M., el capitán de Sanidad M. Á. P. C. y el teniente coronel de Intendencia R. B. N.