La salud mental de los jueces

La noticia publicada el pasado domingo en este periódico sobre los jueces y magistrados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) jubiló durante los últimos ocho años por incapacidad permanente plantea el problema de la salud mental de estos profesionales que, además de ocuparse de tareas en las que la capacidad de raciocinio resulta esencial, son titulares de un poder del Estado, el judicial, desde el que administran el derecho fundamental de los ciudadanos a la justicia. Cierto es que otros titulares de los poderes públicos, los parlamentarios o los miembros del Gobierno, tampoco son inmunes a enfermedades de la mente que perjudiquen su actuación como servidores públicos. Pero en tales casos, aparte de que no debe descartarse la revisión psiquiátrica de los políticos, su poder no es perenne, sino que está sometido periódicamente al voto de los ciudadanos.

En el caso de los jueces, cuya función está constitucionalmente protegida por la independencia y la inamovilidad, el problema arranca de los procedimientos de selección, centrados en la memorización de centenares de temas y ayunos de pruebas psicológicas que muestren la idoneidad para desempeñar una función tan delicada como la judicial. La ocupación de un puesto de oficial en las Fuerzas Armadas o de funcionario en la Unión Europea exige una previa entrevista con un psicólogo. En cambio, de las cualidades mentales de nuestros aspirantes a jueces, al margen de su fabulosa memoria, nada o casi nada sabemos hasta que no comienzan a utilizar la razón como herramienta clave de su trabajo.

Y es muy posible que las extravagancias o alteraciones psíquicas evidentes de determinados magistrados originen denuncias que desencadenen expedientes de incapacitación que concluyan con un apartamiento de la función de juzgar, a pesar de las dificultades que el propio CGPJ reconoce que existen para que esto ocurra. De hecho, las depresiones constatadas en algunos jueces, que les imposibilitaban para poner sentencias, han sido una de las causas más frecuentes de incapacitación permanente o temporal de magistrados.

Pero resultan más preocupantes todavía los casos en los que la patología de la salud mental del juez o magistrado no es tan visible, a pesar de lo cual el perjuicio de tal enfermedad sobre las decisiones o resoluciones judiciales resulta efectivo. No se trata de ninguna perversión del juez, sino de una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, pero que en el caso del titular del poder judicial puede afectar a la ciudadanía con particular nocividad.

La preocupación del CGPJ por estas situaciones es positiva, pero en su Libro Blanco de la justicia no ha llegado más allá de propiciar que los informes psiquiátricos tengan en cuenta la función que ejercen los afectados y de propugnar que se encomiende "a una unidad médica de valoración centralizada el reconocimiento de los jueces y magistrados sujetos a expedientes de incapacidad". El paso que no ha dado todavía el órgano de gobierno de los jueces es el de establecer procedimientos de selección en los que, junto a la memoria, complementada con el máximo posible de pruebas prácticas, cuente también la salud mental de los aspirantes a jueces; pero, sobre todo, el paso que debe dar el CGPJ es el de promover revisiones periódicas del equilibrio psíquico de los titulares del poder judicial.

No parece desmedido que los jueces y magistrados, obligados constitucionalmente a motivar sus decisiones -para lo que es imprescindible una salud mental en plena forma-, se sometan periódicamente a controles psíquicos. Así ocurre con los pilotos de líneas aéreas o los conductores del metro. Si hasta los árbitros de fútbol son sometidos periódicamente a revisiones médicas, ¿cómo puede soslayarse que los jueces y magistrados comprueben cada cierto tiempo que conservan en buen estado su fundamental herramienta de trabajo?