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Incidentes en la casa de Almería-Acoge para menores

El presidente de Almería-Acoge, Juan Sánchez Miranda, se encontró a principios de esta semana con una situación muy delicada en la casa de acogida en la que esta organización aloja a menores inmigrantes en situación de desamparo. El único monitor que se encontraba atendiendo a las ocho personas que había en la casa solicitó la intervención de Sánchez Miranda debido a los conflictos que estaban provocando tres de los jóvenes, supuestamente menores de edad. Tras comprobar la situación, Sánchez Miranda se vio obligado a comunicar la situación a la Guardia Civil para evitar que, tanto el monitor como el resto de menores acogidos, fueran víctimas de algún tipo de altercado. Al día siguiente de la denuncia los tres jóvenes abandonaron la casa, hecho que también se puso en conocimiento de las autoridades.

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Juan Sánchez Miranda aseguraba ayer que en estos momentos no conoce el paradero de los tres chicos y que ni él ni Almería-Acoge tiene nada contra tres inmigrantes que han llegado como han podido hasta España con la única intención de buscarse la vida. "Lo que ocurre es que se planteó una situación que hacía temer por la seguridad de los otros acogidos en la casa y del monitor", ha explicado Sánchez Miranda. Ninguno de los tres jóvenes menor de edad. Los inmigrantes que llegan a España de forma ilegal, con la intención de encontrar un trabajo, saben que si aseguran ser menores de edad no serán repatriados. La Junta tiene la obligación de mantenerlos bajo su tutela mientras se determina cuál es la situación real en la que vivían en sus países de origen. Esta artimaña es utilizada en muchas ocasiones por los inmigrantes más jóvenes. El problema es que parece no haber forma de comprobar si dicen la verdad. Los conflictos que esto ha provocado en varias ocasiones han llevado al presidente de Almería-Acoge ha asegurar que se están planteando mantener la casa de acogida mientras no exista una forma de determinar si los chavales que les llegan son realmente menores de edad. "Nosotros queremos ofrecer un servicio público como éste, pero tenemos que contar con las garantías suficientes para poder llevarlo a cabo bien. Tienen que establecerse las medidas adecuadas para saber si los que aseguran ser menores de edad lo son realmente".

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