Legalización por sentencia

Un total de 5.500 agentes, la mayoría en servicio activo, forman parte, según sus promotores, de Coproper 6-J, la única asociación legalizada de guardias civiles. La Coordinadora Pro Perjudicados por la Gestión de Luis Roldán y la Corrupción 6 de junio fue fundada en el verano de 1994 para personarse como acusación en el proceso contra el ex director general de la Guardia Civil, pero casi de inmediato amplió su campo de actividades.

Inscrita en el registro de asociaciones, el Ministerio del Interior se negó a aceptar sin embargo la modificación de sus estatutos, por considerar que suponía su conversión en una organización reivindicativa, a la que no pueden pertenecer los miembros de la Guardia Civil.

El artículo de la polémica era el que incluía entre los fines de la asociación el de "ejercer la representación de los asociados delante de los poderes públicos, administrativos o judiciales, en todas aquellas cuestiones justificadas y que fueran por el bien y la defensa de sus intereses sociales como funcionarios y como ciudadanos de pleno derecho de un país libre y democrático". A Interior no le tranquilizaba en absoluto la coletilla añadida al final del artículo: "Se excluye", decía, "cualquier tipo de finalidad reivindicativa".

La disputa acabó en la Audiencia Nacional, que el pasado enero falló en contra de Interior. "A juicio de la Sala", afirmaba la sentencia, "los fines de Coproper no sólo son completamente lícitos dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico, sino que los considera altamente saludables, al articular a través de una vía asociativa la participación ciudadana al logro de una Administración que sirva con objetividad los intereses generales".

Tras la sentencia, Coproper se propone cambiar su nombre por el de Asociación Unificada de Guardias Civiles, lo que no disipa desde luego los recelos de Interior.