EU amplía la querella por el aterramiento del marjal de Xeresa al consejero de Medio Ambiente. Ecologistas y EU consideran que en Xeresa los aterramientos realizados son irreversibles

El responsable de Medio Ambiente de Esquerra Unida-Els Verds, José Luis Ramos, anunció ayer que su partido ha ampliado la querella presentada por el aterramiento del marjal de La Safor al consejero de Medio Ambiente, el regionalista José Manuel Castellá. EU considera que el consejero "es responsable por omisión" de permitir que el alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, también de Unión Valenciana, concediese durante los últimos cuatro años licencias para verter escombros y residuos inertes en el marjal de La Safor. Ramos criticó también la actitud del presidente de las Cortes, Héctor Villalba.

La querella, tras las reiteradas denuncias de grupos ecologistas y partidos de la oposición, fue presentada contra el Ayuntamiento de Xeresa por el fiscal de Medio Ambiente, Carlos Almela. Ayer, Esquerra Unida, que está personada en el caso, solicitó la ampliación de la querella al consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, y a cinco ediles de Unión Valenciana y uno del Partido Popular del Ayuntamiento de Xeresa. Para el responsable de EU y abogado de la organización ecologista Instituto de Defensa y Estudio Ambiental (IDEA), la petición de ampliación de la querella se fundamenta en el supuesto delito de prevaricación y contra el medio ambiente que han cometido los concejales al actuar "maliciosamente" y aprobar la concesión de licencias automáticas que permitían los aterramientos en el marjal. Al consejero lo denuncia por omisión. "No se puede pedir dinero para proteger el medio ambiente con una mano y con la otra proteger a los amiguetes que destrozan la naturaleza", dijo José Luis Ramos, en referencia a José Manuel Castellá, a quien acusó de repoblar con samarucs -especie endémica- el marjal de La Safor para luego matarlos con los aterramientos. "En Xeresa no se produce ni el respeto a la legalidad ni la defensa del medio ambiente", dijo el responsable de Esquerra Unida que criticó al consejero porque no sanciona a los empresarios que atentan contra el medio ambiente. El alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, se autorizó a sí mismo para aterrar con escombros parte de uno de los humedales de la Comunidad Valenciana. Unos aterramientos que conocía el Consistorio de Xeresa, gobernado por Unión Valenciana y el Partido Popular. Para los responsables de Esquerra Unida, la ampliación de la querella les permitirá acceder a nuevos expedientes en los cuales se constata que la Administración valenciana disponía de una buena "colección de denuncias" sobre lo que estaba ocurriendo en el marjal. EU reclamará una pena de inhabilitación para el consejero Castellá de entre siete y diez años. Para José Luis Ramos, desde que se iniciaron los aterramientos del marjal de La Safor en el término municipal de Xeresa se han sepultado más de dos millones de metros cuadrados. Según los cálculos realizados por EU y los ecologistas, reparar el daño realizado costaría alrededor de 4.000 millones de pesetas, una cantidad que no parece en disposición de pagar nadie. "El escombro se va a quedar allí, lo que pretendemos [con la querella] es que no continuen los aterramientos en la zona húmeda". El responsable de Medio Ambiente de Esquerra Unida explicó que ha solicitado al juzgado de Gandia que lleva el caso que remita el auto que paraliza los aterramientos en el marjal de La Safor a los Ayuntamientos de Gandia, Tavernes de Valldigna y Xeraco para que adviertan a los agricultores de la situación y eviten que cometan un supuesto delito por ignorancia. José Luis Ramos arremetió también contra el presidente de las Cortes y de Unión Valenciana, Héctor Villalba, por dar al alcalde de Xeresa "una cobertura moral que no tiene". Ramos indicó: "No entendemos a quien pretende engañar el presidente de las Cortes Valencianas cuando dice que lo de Xeresa es legal porque cumple normas subsidiarias". El dirigente de Esquerra Unida recordó que hay legislación superior, desde las directivas europeas al código penal, que castigan y prohíben los atentados contra el medio ambiente. El marjal de La Safor forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas presentado el pasado mes de febrero por la propia Consejería de Medio Ambiente, aunque éste no ha sido aprobado todavía por el Consell. Según Esquerra Unida, a raíz de la presentación del catálogo se aceleraron los trabajos de aterramiento del marjal. En 1997 sólo el Ayuntamiento de Xeresa concedió cerca de 30 licencias, una cifra superada ya en el primer semestre de este año. El alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, declaró el pasado 11 de agosto, ante el juzgado de Gandia que lleva el caso, que no se sentía aludido por el supuesto delito ecológico al conceder más de medio centenar de licencias a varias empresas para realizar vertidos de escombros en el marjal de Xeresa. El argumento de Fluixà se basó en que no existía una delimitación clara de las zonas húmedas y que, por tanto, no existía el posible delito. Sin embargo, el propio Ayuntamiento de Xeresa fue el encargado de distribuir más de 600 ejemplares de un folleto informativo que contenía un plano en el que se delimitaba el espacio y la cuenca del marjal. La información se distribuyó, además, puerta a puerta en el municipio. Una situación que pone en duda la ignorancia alegada por Ciprià Fluixà en el juzgado. El munícipe se concedió a sí mismo dos licencias para verter escombros en tres de sus propiedades situadas en el humedal, documentación que intentó ocultar junto con otro medio centenar de licencias. Además, está la circunstancia de que Ciprià Fluixà es, también, uno de los principales valedores del proyecto de la empresa Rústicas SA, que pretende construir un complejo hotelero con un campo de golf y atracciones recreativas en el marjal. El discurso del alcalde es que la inclusión de Xeresa en la zona protegida de humedal pondría en peligro la agricultura y tendría efectos negativos para la economía local. En consonancia con esta idea, el Consistorio de Xeresa ha elaborado un plan general de ordenación urbana (PGOU) en el que pretende rebajar el rango de protección del marjal y calificarlo de "suelo no urbanizable común". Para Esquerra Unida, este cambio de calificación permitiría al alcalde justificar la implantación del proyecto hotelero y de ocio de la firma Rústicas SA.