La concesión de prisión atenuada al ex banquero abrió la polémica sobre los beneficios penitenciarios

La concesión del tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Alcalá-Meco, pero contra la opinión de la psicóloga y del jurista de la prisión, desató la polémica sobre quién y cómo debía regular la concesión de beneficios penitenciarios. Los profesionales del derecho se mostraron, en general, en contra de la concesión del tercer grado penitenciario a Mario Conde. La Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura reconocieron que la aprobación del tercer grado a Mario Conde, condenado a cuatro años y dos meses de prisión por el caso Argentia Trust, tras cumplir menos de cinco meses de condena, desvirtuaba la condena impuesta y causaba desasosiego entre los jueces.

El presidente del Tribunal Supremo, Javier Delgado, reclamó más poder decisorio de la judicatura a la hora de atenuar las penas de los condenados, e incluso el presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo, desmarcándose un tanto de la posición oficial de su partido, el PP, reconoció públicamente que "hay cierta sensación, en algún caso, de cierto agravio comparativo", por lo que concluyó que "quizá fuera mejor trasladar al Poder Judicial la competencia exclusiva en la ejecución de las penas privativas de libertad".

En esta idea, Trillo coincidió con el PSOE, cuyo candidato a la presidencia, José Borrell, también reclamó más poder para los jueces a la hora de administrar los beneficios penitenciarios.

Tal posibilidad, sin embargo, no cuenta con el apoyo de Convergència i Unió ni de la Generalitat de Catalunya. El consejero de Presidencia del Gobierno catalán, Xavier Trias, lo expresó claramente: "Sería un error", aseguró, "sacar esta potestad [la de concesión de beneficios penitenciarios] de los responsables de Instituciones Penitenciarias".

Entre las reacciones más curiosas y exacerbadas a la concesión del tercer grado penitenciario a Mario Conde se contó la de Izquierda unida, expresada a través de Antonio Romero, uno de sus dirigentes, que llamó a la rebelión de la población reclusa con la celebración de asambleas y protestas contra la medida.