El convenio del sector metalúrgico francés pone en peligro la semana laboral de 35 horas

Un acuerdo firmado entre tres sindicatos minoritarios, pero que representan al 41% de los trabajadores, y la todopoderosa Unión de Industrias Metalúrgicas y Mineras (UIMM) francesa amenaza con vaciar de contenido la polémica e innovadora ley Aubry, que impone la semana laboral de 35 horas en Francia. El acuerdo pone de manifiesto que los sindicatos prefieren negociar aumentos de salario a base de horas extras que crear puestos de trabajo por la vía de la reducción de jornada. Y todo ello en medio de una campaña gubernamental en favor de las 35 horas.

Los buenos resultados de la economía francesa relativos al segundo trimestre de 1998 -aumento del empleo en un 0,5%, (un 2% si tomamos como referencia junio de 1997)- contrastan con acuerdos como el firmado entre los sindicatos minoritarios y la patronal metalúrgica, que ponen en peligro la continuidad de la polémica ley Aubry (debe su nombre a la ministra de Empleo Martine Aubry) en favor de la semana laboral de 35 horas con el objetivo de crear puestos de trabajo. En líneas generales, el acuerdo marco firmado por la UIMM y Force Ouvrière, CGC (cuadros) y CFTC (central cristiana) respeta la letra pero no el espíritu de la ley. La letra, porque admite las 35 horas semanales; el espíritu, no porque la aplicación que se hace del texto legal no empujará a ni una sola nueva contratación laboral. ¿Como? Sencillamente, las horas trabajadas de menos se compensan por tres vías: aumentando las horas extras -de un máximo legal de 90 anuales se pasa a otro de 205-; anualizando el tiempo de trabajo y haciendo desaparecer del cálculo los 12 días festivos que, de promedio, hay que sumar cada año a las cinco semanas de vacaciones; generalizando, por último, el destajismo.

Ya no sólo serán los ejecutivos o técnicos del más alto nivel los remunerados sin referencia horaria, sino también los técnicos o trabajadores que ocupan puestos intermedios. Eso, unido a la progresiva externalización de los empleos menos cualificados, permite cuestionar la naturaleza misma del contrato laboral.

Reventa del tiempo libre

"Los sindicatos colaboracionistas", ha dicho un indignado portavoz del ecologismo gubernamental, "le han revendido a la patronal el tiempo libre ganado por la ley Aubry". Para el diputado socialista Jean Le Garrec, presidente de la comisión de Asuntos Sociales, la convención propuesta por la UIMM desvía el espíritu de la ley de su correcta interpretación. En el Ministerio de Empleo y Solidaridad procuran quitarle importancia a lo que ocurre, y recuerdan que 80 empresas, 13 de ellas del sector metalúrgico, ya aplican las 35 horas de otra manera, creando 1.300 empleos y evitando 385 despidos. Lo malo para el ministerio es que esos convenios afectan a 27.707 asalariados del total de 1.800.000 a los que la UIMM propone su acuerdo marco. El próximo 31 de agosto, 6.000 vallas publicitarias lanzarán la campaña en favor de las 35 horas.

El crecimiento económico está bien anclado pero no basta con él para hacer retroceder el paro, repite la ministra de Empleo, Martine Aubry, mientras su colega Dominique Strauss-Kahn, titular de la cartera de Economía y Finanzas, asegura que "los resultados que obtenemos ahora en materia de empleo [266.000 personas han podido borrarse de las listas del Inem francés en el plazo de un año] son fruto, en primer lugar, de la reactivavión económica a la que ha dado prioridad este Gobierno".

El voluntarismo de Aubry, su intervencionismo en la lucha contra el paro, ha funcionado bien -75.000 empleos- cuando se ha tratado de incentivar el trabajo de jóvenes de menos de 25 años a base de que el Estado y las comunidades locales sufraguen hasta el 80% de los salarios, pero ahora topa, por un lado, con la realidad de una cierta bonanza económica que refuerza las tesis del sector más liberal del Gobierno y, por otro, con el torpedo lanzado contra su ley por la UIMM. La ministra tiene tiempo para responder, pues el acuerdo sólo entraría en vigor el año 2000 y los sindicatos mayoritarios, el comunista CGT y el gestionario CFDT, pueden denunciarlo.

Pero quién sabe si una respuesta tardía no va a reforzar el carácter ejemplar de la iniciativa de la UIMM y los minoritarios, es decir, privilegiar el aumento de los ingresos gracias a las horas extras a cambio de una mayor flexibilidad y desregulación. Para una parte de la patronal es la vía más fácil para mantener la productividad; para un sector del mundo sindical equivale a satisfacer a quienes cotizan, aunque sea olvidando, una vez más, a los que no tienen empleo.

Además, como la ley Aubry no regula las horas extras -en un gesto de confianza hacia los sndicatos-, ésa es la brecha explotada por algunas centrales para ir en contra de ella. La UIMM juega con la ventaja de que difícilmente el Gobierno se atreverá a gravar más esas horas extras, cuando han sido acordadas por las dos partes.

Un último problema es el del sector público. Los cinco millones de funcionarios que hay en Francia ya trabajan -entre un 62% y un 76%, según las fuentes- menos de 35 horas. El Gobierno quisiera dejar esta categoría de trabajadores, que tienen garantizado el empleo, fuera de la negociación hasta que se consoliden criterios.