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Tribuna:

El documento de Barcelona

La relación entre los nacionalismos españoles de signo periférico está lejos de ser uniforme a lo largo del siglo XX. El nacionalismo vasco parte de una sentida desconfianza hacia el caos racial y étnico que representan los nacionalismos catalán y gallego. El nacionalismo catalán manifiesta desde sus orígenes un recelo intelectual y político ante las posibilidades de sus congéneres vascos y gallegos. Solamente la debilidad del nacionalismo gallego ha situado a éste en una posición de admiración y vasallaje respecto a los dos adelantados en el proceso de construcción de unos notables movimientos políticos. A partir de la inestabilidad nacida de estos prejuicios se van a construir, en distintas coyunturas del siglo, momentos de entendimiento que toman cuerpo definitivo en la transición. Es entonces cuando los nacionalismos periféricos españoles adquieren clara conciencia de las ventajas de la unión cara a la superación de un Estado centralista franquista que ellos confundirán, poco inocentemente, con el Estado liberal y con el propio Estado nacional. De este momento de entendimiento surge la aceptación de un Estado autonómico y la generalización del reparto territorial del poder. En la pugna entre la singularidad estatutaria heredada de la II República y el "café para todos" va tomando cuerpo la idea de que las aspiraciones nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia tienen una mejor protección en una generalización del Estado autonómico a lo largo y ancho de España.En este contexto se inscribe el documento de trabajo "La colaboración de las fuerzas nacionalistas de Galiza, Euskadi y Catalunya para una reformulación de la concepción del Estado español y para el reconocimiento institucional de los respectivos derechos nacionales", adoptado en Barcelona los días 16 y 17 de julio de este año, junto a una más breve "Declaración de Barcelona". Se trata de un envite superador de los anteriores en que se anuncia la disposición a abrirse a "la participación de otras fuerzas más allá de las nuestras". En sustancia, el documento se organiza en dos partes: visión conjunta ante el Estado y ante la Unión Europea. Por lo que hace al primero, concreta sus aspiraciones en el reconocimiento de unos derechos previos a la Constitución y en el inicio de unas políticas conjuntas. El reconocimiento de esos derechos previos se materializa en la aceptación del derecho de autodeterminación y en el reclamo de la cosoberanía entendida como la "conquista de la libertad nacional mediante la acción conjunta para configurar un Estado plurinacional de tipo confederal". Este doble objetivo de derribo de la presente Constitución va acompañado de la demanda de una acción conjunta en el terreno de la política territorial. Formarían parte de esta demanda la introducción de una nueva cultura política, la competencia plena y exclusiva en legislación sobre idiomas y culturas, el análisis sobre el papel del Senado, la articulación de la representación de las nacionalidades ante el Tribunal Constitucional, el control efectivo de la seguridad pública no supracomunitaria, la competencia plena sobre la Administración local, el establecimiento de un sistema de financiación que garantice la autonomía y la suficiencia financiera, la competencia exclusiva sobre recursos naturales propios y el reconocimiento de la presencia internacional de las comunidades autónomas.

En su conjunto, se trata de unas demandas que apuntan a la destrucción del actual orden constitucional, tomando cuerpo con ellas un desafío integral al orden político vigente en España desde el inicio de la transición. Parten del Estado vigente buscando su superación y apuntando hacia un orden confederal realmente singular en el contexto político occidental. Se trata, pues, de un documento programático de máximos complementado con una visión de la Unión Europea que debe buscar "la integración, debe evitar el uniformismo y la imposición, buscando y garantizando la libre adhesión de las realidades nacionales y pueblos de Europa, incorporando al núcleo de la construcción de la Unión Europea la aplicación del Derecho de Autodeterminación de todos los pueblos europeos". "Debemos desarrollar conjuntamente una estrategia ante los organismos políticos europeos dirigida al reconocimiento de las naciones catalana, gallega y vasca en la diversidad y pluralidad que compone este nuevo espacio y en particular a estar presentes en las decisiones que afectan a nuestras competencias de autogobierno nacional y a nuestros intereses específicos".

La declaración de Barcelona ignora la existencia de unos vínculos nacionales de signo español y supone un enfrentamiento abierto con la convivencia de hechos nacionales en el marco del Estado español. Documento carente de cordialidad, hay que interpretarlo, en el mejor de los casos, como una definición retórica capaz de amparar el proceso negociador de las comunidades autónomas representadas por las fuerzas políticas que lo suscriben y el Estado. En el peor, como una declaración de beligerancia respecto a la actual planta política del Estado, para la que se pide el concurso de otras fuerzas regionalistas y nacionalistas sin que se aclare, sin embargo, el estatuto que se depara a las 14 comunidades autónomas restantes en esta nueva edición del pacto de "Galeuzca". En ambos casos, se trata de un documento grave por sus consecuencias y su inoportunidad que anuncia una estrategia de enfrentamiento a la que tarde o temprano deberán dar una respuesta coordinada las fuerzas políticas estatales.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado de la UNED.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 13 de agosto de 1998