Hacienda persigue fiscalmente a las familias que acogen niños con problemas

La novedosa decisión de Hacienda de reclamar impuestos por las ayudas que perciben las familias acogedoras de niños con problemas ha obtenido una respuesta rotunda por parte de la mayoría de las familias. "Nos hemos plantado", señala convencida Milagros Sanz, de 39 años. Junto a su marido, José María Novo, de 40, llevan 6 años acogiendo a niños con problemas -a una media de hijo por año- y han decidido negarse a pagar a Hacienda lo que les reclama. El suyo es el caso que hizo saltar la alarma al resto de familias acogedoras. A principios de junio recibieron una notificación de la delegación de Hacienda de Lliria en la que se les reclamaba declarar por las ayudas recibidas. "Nos dijeron que como no sabían con qué concepto gravar las ayudas, las equipararían a rendimientos de trabajo". Se negaron. No por el dinero, sino por "una cuestión de respeto por los niños". El mismo motivo por el que presentarán un recurso a Hacienda. "El inspector se equivoca" Selva, abogado que defenderá el recurso, critica los argumentos planteados por Hacienda para exigir el cobro de impuestos provenientes de estas ayudas. La ley que regula el impuesto sobre la renta exime gravar las aportaciones de instituciones públicas destinadas a ayudar a personas con minusvalias o mayores de 65 años. Al no estar explícitamente recogidas las subvenciones destinadas a los niños en acogida, Hacienda equipara estas ayudas a las rentas de trabajo. Aquí reside el problema, según el abogado. "El inspector se equivoca", ya que "en ninguna ley figura que se tengan que declarar este tipo de ayudas", señala. Un niño con problemas presenta una particular minusvalía, la "carencia de atención social", por lo que, para Selva, por analogía las ayudas a estos niños deberían estar libres de impuestos. "Incluso las pensiones que reciben las mujeres en concepto de derecho de alimento están libres de impuestos, no se entiende cómo pueden pedir dinero por éstas", señala el abogado. Las familias acogedoras no entienden que se les exija declarar por las 37.000 que perciben al mes, cuando a la administración cada niño en centro de acogida les cuesta 25.000 pesetas. Sin embargo, su principal problema es otro: el posible descenso de solicitudes de acogida que puede motivar la actitud de Hacienda. Un mínimo de tres familias han cedido y han pagado a Hacienda, según miembros de la asociación. Pero, segun ellos, lo peor no es eso. "Hay familias que están dejando de creer en el programa de ayudas".