El sindicato UGT denuncia que el Consell ha congelado el Plan Integral de Servicios Sociales

El Consell incumple el desarrollo de la ley de Servicios Sociales. Así lo denuncia el sindicato UGT un año después de la aprobación de este polémico texto gracias a los votos del PP. El mismo sindicato acusa directamente al ejecutivo que preside Eduardo Zaplana de no poner en marcha ni el llamado Plan Integral de Servicios Sociales -cuya elaboración debería estar concluída hoy, según la ley- ni el órgano consultivo encargado de supervisarlo, el Consejo Valenciano de Bienestar Social. La razón: los populares "temen" una sociedad organizada, según el mismo sindicato.

"El Partido Popular no cumple ni sus propias leyes". Con esta afirmación, tajante, se muestra Antonio Femenía, responsable del área de servicios sociales del sindicato UGT, que denuncia el "incumplimiento" de los compromisos recogidos en la ley de Servicios Sociales. Un texto que se encuentra bajo la tutela de la Consejería de Bienestar Social, que dirige Marcela Miró. El texto, aprobado el 12 de junio de 1997 -ha cumplido de largo más de un año- establece la puesta en marcha del llamado Plan Integral de Servicios Sociales, un proyecto que debía convertirse en la espina dorsal de la política social en la comunidad. La norma es inequívoca respecto a la fecha y la institución que corre con la responsabilidad de elaborarlo: "Un año despúes la entrada en vigor de la ley , el Gobierno Valenciano, redactará un Plan Integral de Servicios Sociales". Pasados ya los 365 días, a día de hoy, 10 de agosto, el Plan "no existe" según el mismo responsable de UGT, lo que demuestra la "falta de planificación" y "desorientación" en ayuda social de la comunidad, agrega Femenía. En el mismo estado de letargo se encuentra el Consejo Valenciano de Bienestar Social, un órgano consultivo destinado a ser el instrumento de participación social y de asesoramiento a la administración en cuestiones relacionadas con los servicios sociales. Política de beneficencia La ley otorga a este organismo la función de supervisar el Plan, que sólo será aprobado "previo informe" del consejo, como recoje el texto legal. Un año después de la entrada en vigor de la ley el responsable del área de servicios sociales de UGT reclama la creación "del instrumento que debería de servir de participación en los servicios sociales". Para Femenía el PP evidencia con la congelación tanto del plan como del órgano consultivo su "temor" a una sociedad "organizada y activa", al impedir a sindicatos y demás asociaciones y colectivos el acceso a la gestión de los servicios sociales a través del Consejo. La política de servicios sociales del ejecutivo popular está sustituyendo la atención social por la "beneficencia" o la "caridad", según el representante de UGT. La polémica ha acompañado a la ley desde sus primeros pasos. Desde el PSPV a UV llovieron las críticas al proyecto que presentó el PP antes de su aprobación en las Cortes. Maria Antonia Armengol, diputada socialista la denunció por entender que suponía una "quiebra al actual sistema público y los principios de universalidad e integración". Incluso la formación regionalista Unión Valenciana (UV) criticó a sus entonces socios de Gobierno por haber redactado el proyecto sin contar con los regionalistas. Una vez aprobada, la ley siguió recibiendo críticas. Socialistas y Esquerra Unida solicitaron que discutida de nuevo para eliminar las "incongruencias y contradicciones" del texto legislativo. Para los socialistas, al menos siete cuestiones se contradecían o quedaban confusas en el texto de la ley aprobada.