104 "perdedores" ganan el "caso Marey"

"Yo creo que esta vez no termino detenido", afirmó José Luis Galán, el abogado de la acusación popular del caso Marey en nombre de 104 ciudadanos, cuando a finales de julio tuvo noticias de que aquella querella, presentada sin mucha convicción el 23 de marzo de 1988, iba a terminar con la condena de un ex ministro y otros ex altos cargos de Interior y policías cualificados. Con aquella frase, el correoso e implacable letrado expresaba con humor la difícil satisfacción ante el hecho de que tras más de 10 años de lucha jurídica la Sala Segunda del Tribunal Supremo declarara penalmente responsables del secuestro de Segundo Marey a los 12 procesados que se sentaron en el banquillo. No era para menos, porque tanto él como los otros 58 hombres y 45 mujeres que decidieron tomar aquella iniciativa estaban sobre todo acostumbrados a perder.Galán y Teodoro Mota, el otro letrado de la acusación popular, recibieron la antorcha de Fernando Salas, el malogrado abogado, fallecido el 10 de septiembre de 1992, que realizó todas las gestiones para convocar a 104 personas con sentido cívico suficiente para asumir la acusación penal en el primer caso de guerra sucia de la etapa socialista, una vez que el entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, se había negado a ejercer la acción penal.

Una de los 104 firmantes, la periodista Inmaculada de la Cruz Muñoz, recuerda la primera reunión de un grupo de personas todavía reducido, convocado por Salas, quien explicó que existía certeza de que se habían cometido una serie de hechos delictivos con ocasión de la lucha antiterrorista, cuya impunidad ponía en peligro el Estado de derecho. Ante la pasividad del Ministerio Fiscal, la única posibilidad de que se exigieran responsabilidades era ejercer la acción popular, prevista por la Constitución, junto al Jurado, como forma de participación ciudadana en la Administración de Justicia.

Extender la iniciativa

Salas, Galán y los otros abogados que promovieron la reunión, indicaron que sería necesario extender la iniciativa lo más posible. Una vez que se conociera quienes estaban dispuestos había que ir a una notaría para dar poderes a los procuradores y abogados, elaborar la querella y presentarla.Aproximadamente un mes después quedaron citados en el despacho de un notario sito en la madrileña plaza del marqués de Salamanca. Estaban 104, muchos de ellos desconocidos entre sí. Había un grupo importante de abogados, pero también de catedráticos y profesores, algunos periodistas y otros profesionales.

Firmaron familias enteras, como la formada por el catedrático de Sociología Jesús Ibáñez -fallecido en agosto de 1992- y su esposa Esperanza Martínez Conde; Juan, hijo de ambos, además de dos hermanas de Esperanza: Josefa y Micaela. Curiosamente, el matrimonio Ibáñez-Martínez Conde fue muy amigo del formado por uno de los ahora condenados en el caso Marey, el ex ministro José Barrionuevo, y su esposa,Esperanza Huélamo.

La relación se remontaba a la etapa de la transición en que unos y otros vivían en las proximidades del barrio del Pilar y participaban en los movimientos vecinales partidarios de que no se edificara en la zona denominada La Vaguada. Era la última parte de los años setenta, cuando los vecinos se manifestaban los fines de semana tras el eslogan ¡La Vaguada es nuestra! y hasta plantaban árboles para impedir ingenuamente que se edificara. Luego, cuando en 1979, los socialistas llegaron al Ayuntamiento de Madrid y se terminó edificando en la zona, algunos vecinos comentaban: "Decían La Vaguada es nuestra y se la quedaron".

Progresía de izquierdas

Los 104 firmantes de aquella querella, progresistas de izquierda, estaban acostumbrados a perder. Los padres de los más jóvenes seguramente habían perdido la guerra civil y ellos mismos habían perdido en los encontronazos con los grises [policías franquistas] en la universidad o en la fábrica. Casi todos los 104, procedentes de partidos de izquierda, habían perdido en su apuesta por una transición de ruptura frente a los partidarios de la triunfante reforma, como habían perdido, incluso en las urnas, la pugna para que España saliera de la OTAN, o fueron desoídos cuando pidieron la dimisión de Enrique Múgica como ministro de Justicia.Allí estaban antiguos dirigentes comunistas como Francisco Javier Álvarez Dorronsoro, el filósofo Carlos Paris, el sociólogo Fernando Älvarez Uría, el psiquiatra Enrique González Duro, la abogada Francisca Villalba. Entre los abogados, junto a penalistas como Gonzalo Martínez Fresneda, letrados más jóvenes, pero igualmente incisivos, como el propio Galán, Luis María Figueroa Cuenca, Ángeles López Álvarez, que llegó a ser presidenta de la Asociación Libre de Abogados (ALA), pero siempre perdió frente al decano Antonio Pedrol; o Fernando Oliete, procedente de la Asociación Pro Derechos Humanos, y Jorge del Cura, dirigente de la Asociación contra la Tortura, en las que se cosechaban pocos triunfos.

Por eso, cuando la sentencia del caso Marey ha establecido que el delito no prescribió gracias a la querella interpuesta por estos 104 ciudadanos contra José Amedo, Míchel Domínguez y "cualesquiera otras personas, no juzgadas ni condenadas, o responsables de instituciones, que en el curso de la investigación aparezcan como partícipes en las actividades de la organización terrorista denominada Grupos Antiterroristas de Liberación", digan lo que digan los votos particulares, Galán y 103 más se asombran de no haber perdido esta vez.

De la Cruz se siente, además, "muy orgullosa".Y hace esta confidencia: "Lo de menos es que vayan a la cárcel. Lo que más me gusta es que les hayan inhabilitado para ejercer cargos públicos y no se les pueda votar. Es la única forma de poder volver a votar a los socialistas, porque, gracias a Dios, no todos son así".