Con permiso del alcalde

Con fecha del 29 de Enero de 1998, el alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà Castelló, de Unión Valenciana, firmó una autorización para "efectuar almacenamiento de escombros procedentes de obras (...) por un periodo de 30 días" en tres parcelas del municipio enclavadas en el corazón del marjal de La Safor. La persona que solicitaba la autorización de vertidos al alcalde era Ciprià Fluixà Castelló. Y el propietario de las tres fincas, las identificadas con los números 229, 351 y 210 del polígono 3, es Ciprià Fluixà Castelló. Esta autorización demuestra que no sólo el Consistorio de Xeresa conocía (puesto que autorizaba) el aterramiento con escombros de uno de los escasos humedales valencianos. También implica que el propio alcalde participó (pidiendo licencia y concediéndosela a sí mismo) en los hechos que ahora investiga una juez de Gandia: el aterramiento con residuos inertes de las zonas húmedas del marjal, un supuesto delito ecológico denunciado en una querella contra Xeresa por el fiscal de Medio Ambiente Carlos Almela a finales de julio. La de enero no fue la única ocasión en que el alcalde se autoconcedió una autorización para echar escombros en el espacio húmedo. Al menos hay otra licencia posterior a su nombre entre el más de un centenar de autorizaciones concedidas por Xeresa en los últimos cuatro años. En muchas de ellas se repite el propietario solicitante y las fincas destinatarias del antiecológico vertido. Se debe a que los permisos para "almacenar escombros" son temporales. Hasta el año pasado, las licencias autorizaban para arrojar residuos duraban tres meses, pero desde enero de 1998 los permisos sirven sólo durante 30 días. La iniciativa judicial arrancó a raíz de una denuncia interpuesta a finales de 1996 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que detectó el relleno de una balsa de agua en Xeresa para transformarla en campo de cultivo. La denuncia llegó al Sevicio Territorial de Valencia de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), que pidió información al ayuntamiento y dio cuenta de los hechos al fiscal de Medio Ambiente. La finca afectada (parcelas 371 y 371b del polígono 7) por la denuncia está calificada como "suelo no urbanizable protegido marjalería B" por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (una modalidad de ordenación acometida por el Consell en aquellos municipios que no tienen capacidad para elaborar su propio Plan General). Más tarde, ya a finales de 1997, un informe técnico de Urbanismo basado en una inspección ocular en la finca que originó la denuncia aclara al fiscal que el propietario contaba con licencia municipal para hacer los vertidos (escombros, maderas y plásticos procedentes de procesos industriales). Una situación que motivó la querella del fiscal contra el municipio de Xeresa y por la que el alcalde tendrá que declarar en los próximos días ante la juez de Gandia que lleva el caso. Desde los grupos ecologistas y los partidos de la oposición se ha venido denunciando en los últimos años la destrucción de este marjal. Y aunque se intuía, la posibilidad de que los vertidos estuvieran autorizados sólo era una especulación. Los escombros se utilizan para transformar el humedal, un suelo que se inunda periódicamente según ascienda o no el nivel freático (límite del suelo embebido en agua) a la superficie. El método: las retroexcavadoras extraen el suelo más fértil, los oscuros limos, dibujando enormes zanjas en las que rápidamente aflora el agua. Luego, cientos de camiones rellenan las balsas artificiales con escombros para luego extender en su superficie el suelo fertil. El objetivo: elevar el terreno, dotar al suelo de un sistema de drenaje e impedir que el suelo se inunde. El resultado: el humedal queda transformado en campo agrícola con la consiguiente pérdida de hábitats de uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo. El marjal de La Safor está incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas presentado en febrero pasado por la Consejería de Medio Ambiente aunque todavía no ha sido aprobado por el Consell. Precisamente a raíz de la presentación del catálogo, según Esquerra Unida, se disparó la actividad de aterramiento. Si en 1997 Xeresa concedió una treintena de licencias, en los seis primeros meses de 1998 se ha superado ampliamente esa cifra. Una situación que se puede comprobar fácilmente visitando periódicamente las balsas de Xeresa.