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Iruin acusa a Bueren de espiar su despacho de abogado sin razón

Los abogados de Herri Batasuna Íñigo Iruin, Álvaro Reizábal y Andrés Ormazábal, así como dos empleados no letrados del mismo despacho, presentaron el 3 de agosto en los juzgados de Madrid una querella criminal contra el ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren -que desde 1996 ejerce la abogacía en un despacho especializado en Derecho Mercantil-, al que acusan de prevaricación [dictar resolución injusta a sabiendas]. Los querellantes imputan a Bueren haber ordenado durante más de 22 meses, entre 1991 y 1993, escuchas telefónicas del mencionado bufete mediante 12 resoluciones sucesivas, en ninguna de las cuales se alegaban razones suficientes para iniciar o continuar el control telefónico del despacho.El abogado Miguel Castells, que ha elaborado la querella, argumenta que las escuchas telefónicas ordenadas por Bueren fueron de las llamadas "predelictuales o de prospección", prohibidas por la ley, que exige que existan indicios de delito para intervenir el teléfono del supuesto delincuente. Castells explicó que Bueren tampoco cumplió la exigencia de la jurisprudencia de comunicar al afectado la intervención telefónica realizada sin éxito, para que pueda ejercitar las acciones que procedan.

El PP y la estrategia de HB

El portavoz de Justicia del Grupo Popular, Andrés Ollero, ha vinculado esta querella de Iruin y sus compañeros de despacho con "la estrategia procesal de defensa" de Herri Batasuna, que, "sin duda", aseguró a Servimedia, "persigue desprestigiar a la Justicia en favor de sus intereses". En la misma línea, José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, ha expresado su extrañeza por la tardanza de los abogados de HB en interponer una querella por hechos concluidos en 1993.En respuesta a estas objeciones, Castells explicó a este periódico que la primera noticia la tuvo Iruin en 1993, cuando comprobó que, siendo senador -dejó de serlo el 6 de junio de ese año-, su despacho era controlado por la Ertzaintza sin previa autorización del Tribunal Supremo. Denunciado el hecho ante los juzgados de San Sebastián, los agentes de la policía autónoma vasca informaron de que la intervención telefónica formaba parte de las diligencias número 372/1991, ordenadas por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

Mientras Bueren fue titular de ese juzgado, los afectados no tuvieron acceso a las actuaciones, por lo que insistieron ante el juez de instrucción número 3 de San Sebastián, Justo Rodríguez, para que las reclamara a la Audiencia Nacional. Tras reiteradas peticiones y siendo titular Javier Gómez de Liaño, los abogados obtuvieron las actuaciones y Castells preparó la querella, que ha presentado unos días antes de que transcurrieran los cinco años para la prescripción del delito.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 6 de agosto de 1998