Otros siete dirigentes de HB presos recurren a los tribunales para cobrar el desempleo

Otros siete miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) encarcelados por colaboración con ETA esperan una resolución judicial que les permita cobrar el subsidio de desempleo, al igual que ha sucedido con el caso de Mikel Arregi. Todos ellos solicitaron cobrar el paro tras su ingreso en prisión el pasado mes de diciembre para cumplir una condena de siete años. El Instituto Nacional de Empleo (Inem) rechazó sus peticiones por vía administrativa y los ocho dirigentes de la coalición acudieron a los juzgados de lo Social. La de Arregi es la primera sentencia que se produce.

Los otros siete dirigentes de la anterior Mesa de HB que están intentando en los tribunales cobrar el paro son Koldo Celestino, Gorka Martínez y Joseba Martín Hernando, quienes formalizaron su petición ante el Inem de Vizcaya; Rufi Etxebarria, que lo hizo en Guipúzcoa [al igual que Arregi]; María José Andueza y Matti Iturralde, en Álava, y Koldo Castañeda, en Navarra.Fuentes del Inem confirmaron a este periódico que las demandas de los cuatro primeros se encuentran pendientes de ser vistas en el juzgado, después de que ese organismo rechazase sus pretensiones al entender que no son trabajadores por cuenta ajena, ya que forman parte de la dirección de una fuerza política. El Inem rechazó tanto la primera solicitud que hicieron como el posterior recurso administrativo que presentaron, momento a partir del cual se abre la vía para recurrir a los juzgados de lo Social.

Fuentes de la coalición abertzale confirmaron a la agencia Efe que los casos de las dos dirigentes alavesas y del navarro Koldo Castañeda están también en distintas fases de tramitación judicial.

Al menos Koldo Celestino, Gorka Martínez y Joseba Martín Hernando, según las fuentes consultadas por este periódico, señalan en sus peticiones iniciales que la causa de la extinción de sus contratos de obra o servicio con Herri Batasuna, el mismo tipo que el que tenía Mikel Arregi, es su ingreso en prisión tras la sentencia que dictó el Tribunal Supremo el pasado 1 de diciembre. Una condena a prisión no es, por sí sola, razón legal válida para solicitar el cobro del subsidio del desempleo, y el Inem, además, no considera que haya relación laboral alguna entre los demandantes y HB, sino que son simplemente dirigentes políticos.

"Críticas tendenciosas"

La decisión de la juez donostiarra Garbiñe Biurrun de condenar al Inem a pagar el paro a Arregi ha desencadenando una catarata de reacciones políticas. Con distintos grados de intensidad, PNV, EA e Izquierda Unida, además de la propia coalición abertzale, defendían ayer la decisión de la magistrada, rechazaban las críticas que se han lanzado contra ella y defendían el derecho del dirigente de HB encarcelado a percibir el desempleo. El portavoz de la ejecutiva vizcaína del PNV, Iñigo Urkullu, consideró "llamativo" el que pretenda negársele a Arregi el cobro del desempleo e instó al Inem a que no se guíe por "criterios políticos".

Urkullu considera además que el Gobierno central se ha embarcado en "una estrategia de aniquilamiento" del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, lo que, a largo plazo, se podría traducir en el futuro en un "acoso" a todo el nacionalismo vasco, incluida su formación.

El diputado de IU José Navas estima que la polémica "no tiene ninguna razón de ser, salvo para aquellos que han apostado por potenciar la crispación en Euskadi".En cambio, el PSOE, PP, y Unidad Alavesa rechazan el fallo de Biurrun. La diputada socialista María Teresa Fernández de Vega lo considera "aberrante e insólito". En su opinión, los argumentos de la juez "no tienen la contundencia que deberían tener" y "tampoco parece que exista una dependencia laboral o subordinación", por lo que los argumentos "son rebatibles jurídicamente". Para esta diputada, la sentencia refleja, "respetando la independencia de la juez, la situación que se vive en el País Vasco", y es el "prototipo de las que dejan a los ciudadanos y a los juristas perplejos y boquiabiertos". El portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, destacó la incongruencia ideológica de HB, que se aferra a la legislación española, de la que tanto reniega, cuando hay una resolución judicial que "afecta al bolsillo".