El Tribunal Superior da "prioridad" al litigio de las estaciones de servicio en San Sebastián

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido otorgar la máxima celeridad a la resolución del litigio que mantiene el Ayuntamiento de San Sebastián con los propietarios de la gasolinera Maíz, situada en pleno centro de la capital guipuzcoana, a los que el pasado mes de febrero dio un plazo de cinco meses para cerrar el surtidor de combustible, dado que carece de licencia de actividad. Los propietarios de la gasolinera recurrieron contra el acuerdo municipal de desahucio y el tribunal accedió a suspender cautelarmente el desalojo. El recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento donostiarra y la asociación de vecinos de Amara-San Roque para que se haga efectivo el cierre de la gasolinera ha sido desestimado, si bien el auto judicial ha acordado que el litigio merece "prioridad resolutoria" por su carácter excepcional "dada la confluencia de distintos tipos de intereses difícilmente armonizables durante un largo período de tiempo sin que se originen perjuicios irremisibles". Además, el tribunal también ha estimado que una prolongación excesiva del conflicto degradaría "la imagen de eficacia de las instituciones públicas". El conflicto judicial entre el Ayuntamiento y las dos gasolineras situadas en el núcleo del área romántica de San Sebastián viene precedido de intensas e infructuosas negociaciones entre representantes del gobierno local y los propietarios, que rechazaron los emplazamientos en la periferia de la ciudad ofertados por la corporación. La presión ciudadana ejercida por la asociación de vecinos de Amara-San Roque, que alerta de la peligrosidad que supone la existencia de tanques de 5.000 litros de combustible en el centro urbano, terminó por convencer al gobierno municipal, que en noviembre del año pasado inició los trámites para desalojar las estaciones de servicio que operan con autorizaciones en precario. En el centro de San Sebastián también existen otras tres gasolineras en zonas residenciales, pero disponen de licencias que impiden su desalojo.