El juez levanta el embargo del IBI de L"Alcúdia de Crespins

Los juzgados de Xàtiva han decidido decretar el levantamiento del embargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de L"Alcúdia de Crespins que pesaba sobre esta población de La Costera, gobernada por el PSPV-PSOE, a causa de una deuda del Ayuntamiento con Caja Rural Valencia. En un auto notificado ayer al consistorio alcudiense, el juez accidentald el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital de La Costera, Constantino Martín Tejerina, considera que, según la ley, corresponde de los juzgados de caputal de provincia a tramitar los procedimientos en los que "sea parte el Estado, algún órgano constitucional, o cualquier organismo público", por lo que decreta "el levantamiento del embargo trabado sobre los bienes de la entidad demandada". El mismo juez ya había resuelto la suspensión del embargo, el pasado día 14 de julio, mientras se estudiaba un recurso presentado por los representantes legales del Ayuntamiento. Aunque el auto incluye la posibilidad de presentar un recurso de apelación, el conflicto entre el Consistorio de L"Alcúdia de Crespins y Caja Rural ya estaba desactivado en los despachos. En una reunión mantenida el martes en Valencia entre el presidente de la entidad financiera, Luis Juárez, y el alcalde, Vicent Vercher -pocos días después de que el tema trascendiese a través de este diario-, se llegó a un principio de acuerdo para sacar el tema de los juzgados. Y el viernes, en un pleno extraordinario en el que no estuvo presente el único grupo de la oposición, el PP, el Ayuntamiento aprobó una propuesta de Caja Rural que incluye la liquidación en los próximos días de 6.737.327 pesetas (la deuda acumulada más los intereses) y la renegociación del préstamo de 24 millones de pesetas que provocó el conflicto. A cambio, la entidad se compromete a dar por zanjada la vía judicial y solicitar del juzgado la devolución de las cantidades intervenidas en concepto de embargo del IBI (algo más de cuatro millones de pesetas). Un caso "extraño" De esta forma, por la doble vía de la resolución judicial y de la negociación, se cierra un proceso de embargo a una Administración pública -que comenzó a tramitarse el pasado mes de mayo- calificado como "extraño" y "único en España" por parte de los asesores jurídicos del Ayuntamiento, quienes se remitían a la Ley de Haciendas Locales para cuestionar la primera decisión del juez, el pasado 8 de julio, de ejecutar la traba del Ibi de L"Alcúdia de Crespins para hacer frente a la deuda del Consistorio. Mientras, la dirección de Caja Rural no ha querido entrar a valorar el tema, pero fuentes de la entidad se adelantaron a considerar el embargo "como un procedimiento normal de cobro".