El Supremo desautoriza al juez Manzanares y da la razón a Justicia

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que desautoriza al juez de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona, José Ramón Manzanares Codesal, que planteó un conflicto de jurisdicción contra el Departamento de Justicia. El juez perjudicó a un preso del penal de Quatre Camins al anular la progresión de grado que le había sido concedida por la junta de la cárcel. Manzanares actuó de oficio, sin mediar recurso alguno, algo que no está previsto por la legislación penitenciaria.

El recluso F. M. C. pasó del primer grado penitenciario -el más severo y el que se suele aplicar a internos peligrosos e inadaptados- al segundo el 9 de septiembre de 1997. Seis meses después, el juez Manzanares Codesal dictó un auto que decretaba, de oficio, aplicar al interno el primer grado. La razón que esgrimió el magistrado -que antes fue funcionario de prisiones- fue que se trataba de un interno que cumplía 10 condenas y contra el que se habían instruido una veintena de expedientes disciplinarios por diversos incidentes, como desobedecer las órdenes recibidas de los funcionarios de prisiones e intentar agredirles. Justicia, al conocer el auto, requirió al juez que se inhibiera porque se había excedido en sus competencias. En concreto, la Generalitat señalaba que la legislación penitenciaria establece que es la Administración la competente en materia de clasificación penitenciaria de los internos y que la intervención del juez queda limitada a cuando se produce un recurso -del propio interno o del fiscal- contra la decisión administrativa. Es decir, el juez no puede actuar por propia voluntad. El magistrado no modificó su postura y decidió plantear un conflicto de jurisdicción contra la Generalitat. El juez sostenía que las competencias de un magistrado de vigilancia penitenciaria son más genéricas y no deben ceñirse estrictamente a lo que prevé la legislación en esa materia. La sentencia del Tribunal Supremo rechaza la pretensión del magistrado y falla a favor de la Generalitat. Por consiguiente, el Supremo ha anulado el auto de Manzanares Codesal que instaba a que el interno permaneciera clasificado en primer grado. La sentencia del Tribunal Supremo señala que "en la clasificación inicial y de progresión y regresión de grado de los penados, la competencia es inequívocamente de la Administración penitenciaria y sólo podrá conocer de ellas el juez de vigilancia penitenciaria en los casos y términos que prescribe la ley".